En plena negociación de los presupuestos generales del Estado, la Comisión Europea ha emitido su opinión sobre el plan presupuestario español. Este año, la posición de la Comisión es menos vinculante, en la medida en que el Pacto de Crecimiento y Estabilidad ha suspendido sus reglas fiscales y, por lo tanto, no viviremos el habitual proceso de advertencias sobre nuestro déficit estructural, que sigue siendo notablemente alto.
Bien al contrario, la Comisión ha caracterizado todos los planes presentados como planes en línea con lo establecido en el Consejo Europeo del 20 de julio, de manera que los gobiernos tienen manga ancha para establecer los planes de estímulo que consideren convenientes para atajar las consecuencias económicas de la crisis.
No obstante este “aprobado general”, la Comisión no ha dejado de tener en cuenta las discrepancias sobre las perspectivas de crecimiento de la economía española y sobre la necesidad de tener en cuenta los aspectos relacionados con la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas a partir del año 2022, cuando la economía esté en proceso de recuperación y nos encontremos todavía con un alto déficit y una alta deuda pública. No ha llegado el momento pero lo realista es plantearse que después del déficit público de 2020 y 2021, a partir de 2022 iniciaremos un proceso de consolidación fiscal que no llevará, al menos, hasta el año 2030. Un periodo de pocas licencias en términos de gasto y donde los debates públicos llegarán del lado de los ingresos.
España ha tomado nota de la advertencia y, de hecho, gran parte del impulso fiscal de 2021 viene generado, prácticamente en exclusiva, por el Fondo de Recuperación y Resiliencia, del que se espera una ejecución completa en 2020 y un impacto en el crecimiento que rondará los 2,2 puntos de PIB. Unas estimaciones que precisarán de un gran esfuerzo para rentabilizar su impacto económico y social en el corto plazo, aun a sabiendas de que la naturaleza del fondo no es estrictamente contracíclica, sino que se dirige, fundamentalmente, a incrementar las bases para la competitividad de los receptores.
España debe por tanto aplicarse bien para garantizar esta ejecución y, sobre todo, para garantizar el impacto económico y social de la misma. De lo contrario, nos encontraremos sin herramientas para atender el necesario estímulo fiscal del año. Si las perspectivas de la vacuna se retrasan, España tendrá que activar nuevas medidas de estímulo que, de momento, están previstas en el proyectos de Presupuestos Generales del Estado sólo de manera limitada.
Así, los PGE de 2021 son probablemente los más provisionales de la historia reciente de nuestra economía: las variaciones del contexto económico son demasiado amplias para poder afinar las estimaciones de ingresos y gastos, y es tan probable pecar de optimista como de catastrofista. Precisamente por eso tendremos que evaluar el desempeño del presupuesto prácticamente en tiempo real, atendiendo a la población más vulnerable y proporcionando herramientas para evitar el mayor número posible de cierres de empresas solventes, algo que ya se está produciendo y a lo que debemos atender con urgencia, porque de no hacerlo, la crisis económica pasará rápidamente a ser una crisis financiera y las consecuencias serían imprevisibles. No es por lo tanto un año para preocuparse excesivamente por el déficit público, sino más bien para examinar con detalles cómo ese exceso de deuda -prácticamente inevitable- sirve para paliar las consecuencias sociales y empresariales de esta crisis inesperada y que, en cualquier caso, está durando mucho más de lo que parecía en un principio y de lo que, de manera un tanto ilusoria, habíamos estimado hace apenas unas semanas.
José Moisés Martín Carretero
Miembro del Consejo Asesor ORFIN