La tasa de desempleo española de personas de edad comprendida entre los 16 y los 24 años se situó, durante el último trimestre de 2021, en el 30,7%. En el Gráfico 1 se puede observar la evolución de la tasa de desempleo juvenil durante los últimos 20 años. La crisis de 2008 colocó este indicador en máximos históricos, aunque comenzó a descender a partir de 2013. Sin embargo, no han vuelto a registrarse las cifras previas a 2008, puesto que la pandemia volvió a golpear con fuerza a este sector de la población. Además, los trabajadores jóvenes se enfrentan a unos niveles de temporalidad sensiblemente más elevados, de forma que no solo es complicado su acceso al empleo, sino también su permanencia.
En cuanto al perfil de desempleo, es esperanzador comprobar que, a mayor nivel de estudios, menor es la tasa de paro. No obstante, también cabe mencionar que existe una ligera diferencia de desempleo juvenil entre hombres y mujeres, a pesar de que son estas las que alcanzan mayor nivel de estudios.
Gráfico 1: Evolución del desempleo juvenil (16-24 años)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2021).
La tasa de desempleo juvenil en España duplica la media de los 27 países de la Unión Europea, situada en el 14%, según los últimos datos de Eurostat. En la otra cara de la moneda, encontramos países como Alemania, Países Bajos y Austria, cuya tasa de paro juvenil es inferior al 12%.
Ser incapaces de lograr la inserción laboral de los jóvenes no solo condena a una de las generaciones mejor preparadas y formadas, sino a España como país. Es inviable hablar de reconstrucción sin contar con los jóvenes, que deben ser protagonistas de los grandes cambios y desafíos a los que nos enfrentamos. Además, este colectivo será el encargado de hacer frente a la deuda pública actual, además de garantizar la viabilidad del sistema dey pensiones.
Las cuentas para el ejercicio 2022 prevén una inversión de 6.036 millones de euros para el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), 339 millones más que en 2021. Este esfuerzo de toda la población deja de tener sentido cuando el talento se desplaza a otros países en busca de las oportunidades que no logran encontrar en el país que les formó. Además, España no cuenta con políticas de retorno efectivas, por lo que la educación en nuestro país deja de ser una inversión para convertirse en un gasto.
¿La reforma laboral conseguirá revertir esta situación?
La reforma laboral, aprobada el pasado 2 de febrero en el Congreso de los Diputados, ha introducido cambios en los contratos formativos, que engloban no solo a estudiantes universitarios sino también a los de grado medio y superior, y que entrarán en vigor el 30 de marzo de 2022. Las principales modificaciones con respecto a lo planteado anteriormente en nuestro sistema son:
- Introducción del contrato de formación en alternancia, que sustituye los contratos para la formación y el aprendizaje y el contrato para la formación universitaria dual que existían anteriormente. Este contrato tendrá un plazo mínimo de tres meses y un máximo de dos años y solo se podrá cerrar un contrato de esta modalidad por ciclo formativo. En cuanto a la retribución, se fijará en el convenio colectivo de aplicación y, en su defecto, no podrá ser inferior al 60% del grupo profesional durante el primer año, ni al 75% durante el segundo.
- Introducción del contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, que sustituye al anterior contrato en prácticas. La principal modificación es que se reduce el plazo para suscribir un contrato formativo al terminar los estudios. Anteriormente se situaba en un máximo de cinco años, mientras que la reforma establece un límite de tres. Además, la duración del contrato deberá estar entre los seis meses y el año. Al igual que en el caso anterior, la retribución será la que fije la norma convencional de aplicación y, en su defecto, el salario no será inferior al 60% del grupo profesional al que pertenezca durante el primer año y un 65% en los consecutivos.
Ciertamente, son reformas poco significativas con respecto a lo planteado en anteriores textos legislativos. El límite salarial de los contratos formativos ya estaba fijado por convenios y no son salarios dignos. De esta manera, la retribución mínima fijada convencionalmente parece que podrá ser inferior a los porcentajes fijados sobre los grupos profesionales.
Sin embargo, la preocupación por un salario digno de los jóvenes ha llegado a la Unión Europea. Así, el Parlamento Europeo ha tildado de explotación las prácticas formativas no remuneradas de los jóvenes así como una violación de sus derechos. Por ello, propone la constitución de un marco jurídico común para garantizar una remuneración justa. Esta medida puede significar un avance mayor que las propuestas, mencionadas previamente, que se han realizado a nivel nacional.
Los nuevos cambios en el mercado del trabajo tampoco implican políticas para mejorar la empleabilidad. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha recalcado en repetidas ocasiones que la tasa de paro juvenil se reducirá como consecuencia de la reforma, pero no hay políticas que permitan vislumbrar un cambio de patrón. De hecho, ni siquiera se ha implantado una formación universitaria dual en España, como sí han hecho otros países europeos, y que demuestran su efectividad. Es una medida que sí se implantó en la Formación Profesional y que ha dado sus frutos, pero que por algún motivo no se adopta en la universidad.
Además, es evidente que las instituciones de enseñanza en España siguen patrones excesivamente rígidos y uniformes que les impiden adaptarse a las nuevas tendencias. Por ejemplo, la pandemia hizo evidente nuestro retraso en digitalización, sobre todo en los colegios públicos, donde muchos niños no tenían dispositivos electrónicos, por lo que es imprescindible cerrar esta brecha digital.Los fondos europeos pueden ser una buena oportunidad, sobre todo porque España tiene capacidad para ejecutarlos, como se analizó en este fact-check del ORFIN. Por otro lado, es necesario vincular la demanda de empleo con la oferta, y esto pasa por proporcionar una educación adecuada a los tiempos actuales. No obstante, también es necesario ajustar la oferta de empleo. Retener a los talentos creados por nuestra educación depende de contar con un tejido empresarial potente para abordar el problema de sobrecualificación de puestos de trabajo.
En conclusión, el desempleo juvenil tendrá un impacto a largo plazo sobre el crecimiento económico y la productividad. Por ello, garantizar la inserción laboral de esta generación es imprescindible para hacer frente a los retos socioeconómicos a los que se enfrenta España. La reforma laboral no parece dar grandes avances en este sentido, pero la llegada de fondos europeos podría ser un punto de inflexión si se usan para el desarrollo e implementación de una formación dual y políticas activas centradas en reducir el desempleo juvenil de manera estructural.