Contexto económico
La economía española continúa recuperándose de la profunda crisis económica derivada de la pandemia mundial. Las políticas de soporte han permitido proteger el nivel de empleo, los ingresos de los hogares, así como los balances de situación de las empresas.
El 2021 ha venido marcado por una campaña de vacunación realmente exitosa, en torno al 90%, que ha impulsado la actividad económica del país. Ello se ha reflejado en el considerable incremento del nivel de empleo, pero la producción continúa mostrando niveles inferiores a los prepandémicos. Esto se debe principalmente al persistente impacto de la COVID-19 en determinados sectores, como el turístico, así como a los problemas de suministro global, como explica el director del ORFIN, José Carlos Díez, en este post.
De acuerdo con las previsiones publicadas por el FMI, se espera que la economía española crezca un 4,6% en 2021 y un 5,8% en 2022, impulsada por los Fondos Next Generation. Para ello, el consumo privado y la inversión se sitúan como principales drivers de dicho crecimiento. La recuperación del mercado laboral y el elevado ahorro de los hogares incentivarán ambos indicadores. Además, los tipos de interés negativos, los fondos europeos y la relajación gradual de los cuellos de botella de suministro darán lugar a un aumento considerable de la inversión. No obstante, existen ciertos riesgos como la inflación, la evolución de la pandemia o la elevada deuda pública, cuya gestión determinará la trayectoria de crecimiento en los próximos años. Por este motivo, es importante determinar si nuestro sistema bancario tendría capacidad suficiente en caso de que las dificultades de los prestatarios lleguen con retraso a medida que se vayan eliminando las medidas de apoyo.
¿Existe riesgo fiscal?
El apoyo a la solvencia del sector empresarial pretendía evitar que los problemas de liquidez se convirtieran en problemas de solvencia. No obstante, el elevado nivel de deuda pública (120% del PIB en 2021) es una fuente de vulnerabilidad. Aunque se prevé que, en el medio plazo, el déficit fiscal se sitúe por encima de los niveles prepandémicos, con el paso del tiempo España deberá reducir los niveles de deuda pública a cifras prudentes y, de esta manera, poder dar respuesta a futuras perturbaciones. El último informe publicado por el ORFIN sitúa las previsiones de deuda pública en 118,4% para 2022. El FMI espera que en el año 2023 el país haya conseguido cerrar la brecha de producción y se encuentre en una fase de crecimiento sostenible, que permita comenzar el proceso de consolidación fiscal.
En este sentido, es realmente esperanzadora la intensa reducción del déficit que se ha producido entre 2020 y 2022: en 2020 nos situábamos en un 10%, mientras que las previsiones para 2022 lo reducen al 4%. Además, el impulso fiscal en España incluye medidas de carácter permanente, que mantendrán el déficit estructural alrededor del 4% del PIB hasta 2023. No obstante, la otra cara de la moneda es que continuamos con un déficit primario del 2%. El Banco Central Europeo ya ha reducido la intensidad de las compras, al mismo tiempo que la inflación presiona al alza los tipos de la deuda mundial, incluida la española, y nuestro país debe emitir 238.000 millones este año.
El Gobierno español deberá formular un plan creíble a medio-largo plazo que incluya tanto medidas de contención y eficiencia del gasto como políticas para incrementar el ingreso. En este sentido, recientemente se ha creado una división permanente dentro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para proporcionar una revisión constante del gasto. El principal motivo de preocupación en términos de gasto estatal son las pensiones. La propuesta inicial de la reforma de pensiones incluye una indexación al IPC que aumentaría el gasto anual en pensiones en 3,5 puntos porcentuales del PIB anual en 2050, en comparación con la aplicación de la anterior legislación sobre pensiones. Estas cifras se traducen en un incremento del gasto de 42.000 millones de euros. Aunque se espera que esta medida se compense con otras medidas restrictivas, como el incremento de la edad de jubilación, no parece que sea una propuesta adecuada dada la insostenibilidad del sistema actual.
Políticas financieras
Las ayudas también han desempeñado un papel fundamental a la hora de frenar y amortiguar el impacto de la pandemia en el sector privado. Por un lado, las transferencias sociales, como las prestaciones por desempleo, los ERTE o el ingreso mínimo vital, permitieron a los hogares mantener niveles adecuados de ingresos. Por otro lado, el sector empresarial no financiero se vio afectado por una importante caída de los ingresos en 2020 y se endeudó para cubrir las necesidades de liquidez. El programa de apoyo respaldado por el Gobierno proporcionó un apoyo crítico. De esta manera, los créditos del ICO se canalizaron a través del sistema bancario, y su rapidez y porcentaje de ejecución (100%) evitó crisis de liquidez en empresas, concursos de acreedores y despidos masivos. Cabe recordar que estas ayudas se realizaron en forma de avales. Aunque los ingresos de las compañías aumentaron considerablemente durante el año 2021, la recuperación ha sido desigual entre los distintos sectores, y las vulnerabilidades han aumentado debido a las mayores posiciones de deuda, especialmente en los sectores más afectados.
En cuanto al sector bancario, se han realizado pruebas de estrés que sugieren que las coberturas existentes son adecuadas y que los indicadores globales de calidad de los activos se han mantenido estables. No obstante, los bancos deben seguir con esa prudencia, debido al gran nivel de incertidumbre existente, a los bajos tipos de interés y a que las dificultades de los prestatarios pueden llegar con retraso a medida que se vayan eliminando las medidas de apoyo. En caso de que se materialicen los riesgos a la baja, el sistema bancario debería utilizar sus reservas para evitar un endurecimiento indebido de las condiciones de préstamo. A nivel europeo, completar la unión bancaria con un sistema común de seguro de depósitos fomentaría la resistencia. Por su parte, el Banco de España está trabajando para ampliar el conjunto de herramientas macroprudenciales, que incluye colchones de capital anticíclicos sectoriales y límites de concentración sectoriales, entre otros.
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