Debido a la dureza de la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19, existen inquietudes y temores de que se produzcan determinados acontecimientos económicos. Entre ellos, resuena recientemente el miedo a una estanflación, como ya ocurriera con la crisis del petróleo.
Pero, ¿qué entendemos por estanflación?
El término estanflación fue acuñado en 1965 por el entonces ministro de finanzas británico, Ian McLeod, en la Cámara de los Comunes, cuando explicó: “Ahora tenemos lo peor de ambos mundos: no sólo inflación por un lado o estancamiento por el otro, sino ambos juntos. Tenemos una especie de estanflación”.
En efecto, el concepto hace referencia a la situación económica en la que coexisten la inflación y el decrecimiento económico. Es decir, se produce un incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) al mismo tiempo que la tasa de desempleo aumenta. Esta situación es de especial gravedad por el aumento de la desigualdad social que conlleva, las consecuencias que tendría el decrecimiento de la demanda para las empresas -ya de por sí debilitadas por la COVID-19- y las dificultades que tendría España para pagar la deuda actual.
La estanflación provoca una significativa preocupación a los economistas y políticos por su difícil gestión. Las políticas expansivas están destinadas a aumentar el crecimiento económico, pero darían lugar a una mayor inflación. Por otro lado, las políticas contractivas provocarían un decrecimiento de la inflación, pero podrían generar un mayor desempleo. Por todo ello, la sociedad teme revivir una época de estanflación.
El ejemplo histórico más evidente fue la crisis del petróleo de los años 70. La subida del precio del petróleo hizo crecer la inflación y, al mismo tiempo, redujo el crecimiento económico.
¿Estamos ante un caso parecido?
Las preocupaciones alrededor de la estanflación surgen a raíz de las similitudes entre la crisis del petróleo y la actual: la crisis del petróleo provocó un shock masivo de oferta en la economía mundial cuando los países de Oriente Medio subieron el precio del petróleo, mientras que en la actualidad el proteccionismo y la retirada de las cadenas de suministro globales podrían dar lugar a consecuencias similares. Además, en ambos casos, se han producido significativas reducciones de productividad y los enormes aumentos del gasto público no se han visto acompañados de políticas de impuestos progresivos.
Más allá de las posibles similitudes que pueden existir entre la época de estanflación de 1970 y la crisis actual, los Bancos Centrales insisten en que el aumento actual de la inflación es algo transitorio. No obstante, la forma en que los responsables políticos gestionen esta situación tendrá importantes implicaciones para el bienestar económico, la cohesión social y la estabilidad financiera a largo plazo.
Además, las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) no indican un período de estanflación. Como hemos comentado anteriormente, la estanflación implica un decrecimiento económico. Sin embargo, todas las previsiones económicas apuntan a un significativo incremento. De hecho, el FMI ha revisado al alza las perspectivas de crecimiento para 2021–2022 (véase Tabla 1) por la mayor normalización prevista en el segundo semestre de 2021, a medida que avanza la distribución de vacunas y gracias al apoyo fiscal adicional. Como se puede ver en la tabla, España se sitúa como la economía europea que más crecerá durante el 2021 y 2022 y como una de las que más crecerá a nivel global.
Tabla 1: PIB real, variación anual. Fuente: Fondo Monetario Internacional (2021).
Por otro lado, el Gráfico 1 presenta la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y de la tasa de desempleo en España a raíz de la crisis de la COVID-19. En él se observa un repunte de la inflación desde el año 2020 y un aumento de la tasa de desempleo, pero hoy en día no existe una espiral inflacionista.
De hecho, para analizar el aumento de la inflación, cabe mencionar que la pandemia provocó un desplome del consumo, que es observable en la bajada de precios durante el 2020. A partir de ahí, un aumento parece algo razonable más que algo preocupante. Además, para hablar de periodo inflacionista, éste debe ser un aumento generalizado y continuo. En el IPC de julio, el repunte de la inflación está directamente relacionado con el incremento de los precios de la energía y los alimentos no elaborados mientras que los sectores industriales y de servicios no energéticos aumentaron tan solo un 0,5% anual. Sin embargo, el IPC de agosto muestra un contagio a los sectores industriales no energéticos hasta el 8,4% anual.
Por lo tanto, el riesgo de estanflación es un hecho, pero aún estamos muy lejos de las tasas de inflación de la década de los 70 (Gráfico 1). La principal causa es la intensa recuperación de la producción industrial mundial tras la pandemia, especialmente en China, con un crecimiento del 13% anual. Además, los compromisos de reducir el consumo de carbón para reducir emisiones en el gigante asiático han provocado un fuerte aumento de los precios del gas y de la electricidad.
Gráfico 1: Evolución del IPC y la tasa de desempleo en España. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2021).
Por el lado de la oferta, los niveles de inventarios de gas en Europa y Rusia están en mínimos. Esta situación es de especial relevancia, ya que la época de frío aún no ha comenzado y la demanda para calefacción y los precios del gas se sitúan en máximos desde 2014. Salvo que la crisis de Evergrande frene en seco el PIB chino, lo normal es que la crisis del gas continúe e incluso empeore hasta la primavera.
De esta manera, se producirán importantes consecuencias. Entre ellas, cabe destacar que la subida de los precios superará a la de los salarios y afectará negativamente al consumo privado. Además, el aumento de los costes energéticos y logísticos afectan negativamente los márgenes de empresas industriales, así como a la inversión y a la creación de empleo.
Por todo lo comentado anteriormente, el Banco Central Europeo (BCE) está comenzando a aumentar su preocupación por la inflación. Esto podría tener dos grandes consecuencias: (1) la subida de la facilidad de depósitos para sacarla de tipos negativos, lo que ayudaría a mejorar los márgenes de intermediación para el sistema bancario, y (2) el gran riesgo que supondría para España el aumento de las expectativas de inflación de los inversores internacionales. De esta manera, el Tesoro Público emite cada año 300.000 millones de euros en deuda pública y las compras del BCE mantienen los tipos en negativo o próximos al 0%. Si los tipos suben en los mercados internacionales, cada punto porcentual aumentaría el pago de intereses en 3.000 millones, incrementaría el déficit público y complicaría la consolidación fiscal, seguramente a partir de 2023.
A modo de conclusión, una situación de estanflación tiene consecuencias significativas sobre las economías y es de difícil gestión. No obstante, desde la Cátedra ORFIN consideramos que la recuperación económica continuará en los próximos trimestres, aunque con menor intensidad, reduciendo así el riesgo de estanflación. En este sentido, es de especial relevancia el papel de los Bancos Centrales, quienes deben atender al indicador de la inflación y evitar la espiral inflacionista.
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