La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a empresas y particulares ha bajado en el mes de septiembre, rompiendo así su tendencia alcista que registraba los dos meses anteriores. Según los datos del Banco de España, la morosidad bancaria en septiembre se situó en 4,58% frente al 4,75% que registraba en el mes de agosto. Este descenso se debe a la ampliación de las moratorias de préstamos e hipotecas por parte de las entidades bancarias.
Pero, ¿qué es la morosidad y qué mide?
La morosidad bancaria es un indicador del nivel de riesgo y que se mide como la relación entre los morosos y el total de operaciones realizadas por las entidades de crédito. Por lo tanto, la morosidad bancaria mide las operaciones de dudoso cobro.
Una vez explicado la morosidad bancaria, necesitamos conocer cuándo es considerada una operación como dudosa de cobro. El Banco Central Europeo (BCE ) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE) consideran que un crédito es dudoso cuando han transcurrido más de 90 días desde que venció el último pago y este no haya sido efectuado, o cuando se dispone de información que hace pensar que los problemas de liquidez del prestatario le van a impedir devolver el crédito. De esto último las entidades bancarias tienen algunos indicadores que son:
- En el caso de particulares: si pierden el empleo o cesan su actividad como autónomos.
- En el caso de empresas: si presentan falta de liquidez o un exceso de endeudamiento.
Entonces, si la morosidad es un problema que afecta al “sector bancario”, ¿en qué me afecta a mí como particular o empresa, si yo estoy al corriente de pago?
Los bancos, para hacer frente a estas situaciones de impagos, reservan ciertas cantidades para compensar los quebrantos de caja. Sin embargo, si se produce un impago generalizado, muchas entidades dejarían de prestar dinero – no pueden dotar más caja para hacer frente a situaciones de impagos – a más clientes para consumo o inversión, estén o no al corriente de pago.
Por lo tanto, el gran problema viene cuando esta situación de impago se produce de forma generalizada, afectando a muchas o todas las entidades bancarias a la vez, produciendo un efecto dominó y previsiblemente provocando una crisis económica.
Como se puede concluir de lo anteriormente expuesto, a nadie le interesa que el número de préstamos de dudoso cobro se incremente exponencialmente. Por ello, el Gobierno y las entidades de crédito que forman parte de la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han concedido ayudas.
En el caso del Gobierno, el 31 de marzo una de las medidas urgentes para paliar el efecto económico provocado por la pandemia fue la moratoria legal en el pago de las cuotas de los préstamos tanto hipotecarios como no hipotecarios. El aplazamiento de pago (capital e intereses) que se acordó fue de tres meses. El plazo para acogerse a ella acabó el 29 de septiembre tras la ampliación temporal acordada mediante el Real Decreto ley 26/2020. Por su lado, el sector bancario también ofreció una moratoria voluntaria sectorial de deuda: de un año en el caso de hipotecas y de seis meses en el caso de préstamos al consumo, exonerando del pago del principal y manteniéndose solo el pago de los intereses de la cuotas, lo que ha significado una reducción en la cantidad a abonar cada mes.
Estas medidas han provocado que la tasa de morosidad bancaria actual se sitúe por debajo del mes de agosto, y lejos de la tasa del 5,15% de septiembre de 2019.
Sin embargo, la Autoridad Bancaria Europea, el pasado septiembre puso fin al alivio regulatorio de las moratorias. Según este organismo, los bancos pueden continuar apoyando a sus clientes con una moratoria de pago extendida después del 30 de septiembre pero dichos préstamos deberán clasificarse, caso por caso, de acuerdo con el marco prudencial habitual. Es decir, desde el 30 de septiembre la banca puede conceder moratorias a sus clientes, pero deberá provisionar dicho crédito si cumple uno de los dos requisitos explicados anteriormente.
En conclusión, como podemos comprobar las medidas adoptadas por el Gobierno y las ayudas presentadas por el sector bancario han hecho que esta tasa de morosidad se reduzca de forma significativa, incluso situándola por debajo de los niveles pre-COVID19. Sin embargo, podríamos decir que la tasa de morosidad bancaria está “dopada” debido a las ayudas estatales y del sector bancario. Tanto es así, que la Autoridad Bancaria Europea solicitó un nuevo test de transparencia el pasado mes de septiembre para evaluar el impacto de la pandemia en los balances, con datos a 30 de junio. Los resultados los conoceremos a principios de diciembre, sin individualizar por entidades.
Esperamos que esta información te haya resultado útil. Si quieres leer nuestros fact checks anteriores haz click aquí. Será un placer contar contigo como seguidor y que nos ayudes a difundir nuestras aportaciones cuando consideres que ayudan a mejorar el debate económico en @ORFIN_es y en info@orfin.es. Muchas gracias.