Orígenes de la Tasa Tobin
El Impuesto sobre Transacciones Financieras, más conocido como la tasa Tobin, fue propuesto en 1971 por James Tobin, economista galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1981.
La propuesta de este tributo llegó en circunstancias económicas específicas. De esta manera, el impuesto surgió en un entorno económico caracterizado por el cambio de sistemas de tipos fijos (Bretton Woods) al sistema de tipos de cambios flexibles, todavía vigente en la actualidad. Un año después de esta importante modificación, James Tobin advirtió de que la transición de un sistema en el que se obligaba a cada país a mantener una política monetaria anclada a un valor fijo en términos de oro a un sistema con el dólar convertido en moneda de reserva, tenía ciertos riesgos sobre la estabilidad financiera derivados de movimientos especulativos. De esta manera, este impuesto estaba originariamente focalizado en reducir la volatilidad, penalizando las transacciones a corto plazo meramente especulativas mediante la limitación de las operaciones intradía.
Formulación del impuesto en nuestro país y capacidad recaudatoria
De acuerdo con la Ley 5/2020 publicada en el Boletín Oficial del Estado el 16 de octubre de 2020, la tasa Tobin es un impuesto de naturaleza indirecta que grava la adquisición onerosa de acciones de sociedades de nacionalidad española en la que se cumplan determinados requisitos. Estas condiciones son: (i) que estén admitidas a negociación en un mercado regulado y (ii) que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a 1.000 millones de euros. A su entrada en vigor el 16 de enero de 2021, existían 64 empresas españolas afectadas, entre las que se encontraban las del IBEX 35, así como algunas compañías del mercado continuo.
Por lo tanto, el tributo se exigirá con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación. Además, cabe destacar que existen ciertas exenciones como las adquisiciones derivadas de la emisión de acciones y las de una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV), en su colocación inicial entre inversores o las adquisiciones derivadas de la emisión de los certificados de depósito respecto de las acciones emitidas para crear dichos valores, entre otros.
De esta manera, España se unió a Francia, Grecia, Italia y Bélgica, que ya tenían aprobado este impuesto, mientras que otros países europeos como Alemania, Portugal, Austria, Eslovaquia y Eslovenia continúan negociando esta medida. De hecho, la Comisión Europea propuso en el año 2011 la implantación de un Impuesto sobre Transacciones Financieras a nivel comunitario, pero la iniciativa fue rechazada.
El tipo de gravamen aplicable es del 0,2%. Para el individuo que invierte en Bolsa, este impuesto del 0,2% le resta rentabilidad a su inversión en un mercado que, de por sí, no ofrece grandes rentabilidades comparado con el resto de principales mercados de valores. La Tabla 1 muestra cómo las rentabilidades históricas de la Bolsa de Madrid suelen estar por debajo de nuestras competidoras. A pesar de la enorme caída de la rentabilidad durante el 2020, la recuperación la sitúa en el séptimo lugar de las diez Bolsas analizadas en términos de rentabilidad hasta noviembre de 2021. Ello puede llevar a los inversores a invertir en otras bolsas o en otros tipos de activos financieros. La realidad es que no solo ha afectado a individuos, sino que ha restado rentabilidad a los fondos de inversión y a los fondos de pensiones.
Tabla 1: Rentabilidad anual de los principales Índices Bursátiles (2021)
Fuente: Bolsas y Mercados Españoles (BME).
De este modo, la tasa Tobin también afecta al volumen de negociación, como ya se ha demostrado en países como Italia o Bélgica, que lo implantaron con anterioridad. En España, se calcula que el volumen negociado en renta variable en el mercado regulado que gestiona BME entre enero y mayo se situó en los 154.568 millones de euros, un 18,5% menos respecto a los mismos meses del año pasado. No obstante, cabe destacar que las cifras de 2020 están enormemente sesgadas por la irrupción de la pandemia, que supuso un aumento de la inversión.
A cambio, las arcas públicas han recaudado 288 millones de euros por este impuesto a fecha de 31 de noviembre de 2021, lo que supone un 33,9% de lo previsto para el año completo. Estas cifras han llevado a la Agencia Tributaria a admitir que las previsiones fueron excesivas, pero se muestran optimistas con su futura capacidad recaudatoria.
La realidad es que el mercado ha criticado enormemente esta medida. Principalmente, se hace hincapié en el hecho de que este tributo fue creado originariamente para que las transacciones financieras entre mercados con diferentes divisas fueran reguladas, afectando de esta manera a entidades financieras y personas jurídicas. Sin embargo, como ya anticipábamos en este fact-check del ORFIN, actualmente se trata de un impuesto que repercute en la rentabilidad del pequeño ahorrador. Además, en su origen, estaba destinada a limitar los movimientos especulativos, pero la normativa vigente aplica el gravamen sobre la compra de acciones y no sobre la venta, eliminando la capacidad estatal de influir en las operaciones a corto plazo. En definitiva, la tasa Tobin se percibe como otro intento más de aumentar la capacidad recaudatoria y supondrá, aproximadamente, el 0,05% del total de los ingresos públicos en 2021 y el 0,3% de la recaudación solo por el IRPF.
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