Es evidente que la COVID-19 ha tenido un impacto directo en las vidas humanas, pero es importante destacar que las ondas expansivas de esta crisis económica pueden poner muchas más vidas en peligro. Así, ya hemos abordado en anteriores fact-checks indicadores económicos como la inflación, que sitúa la cifra actual en el 5%, o la tasa de desempleo cercana al 14%, que se han visto disparadas a consecuencia de la pandemia. Además, estos parámetros son agravados por el actual precio de la electricidad y la crisis en las cadenas de suministros.
Las consecuencias sociales de la pandemia llevan a los gobiernos a implementar políticas para luchar contra la pobreza. Es tal la importancia de erradicar la pobreza, que figura como primer Objetivo de Desarrollo Sostenible impulsado por las Naciones Unidas. De esta manera, la reducción de la pobreza ha sufrido uno de sus mayores reveses en décadas, después de casi un siglo de descenso constante de la pobreza extrema por todo el mundo. A nivel global, se habían logrado resultados sin precedentes en términos de reducción de la pobreza durante la segunda década de este siglo, demostrando lo que los esfuerzos colectivos mundiales pueden lograr.
Una de las grandes métricas para medir la desigualdad es el Índice de Gini. Este indicador va del cero al uno, siendo cero la distribución de riqueza perfecta y uno la desigualdad absoluta. Por tanto, una cifra cercana a uno muestra un bajo bienestar económico y un deficiente estado de bienestar, mientras que un número cercano a cero indica una menor desigualdad de los ingresos y, por lo tanto, mayor igualdad económica.
¿Las políticas públicas han conseguido frenar el impacto en el aumento de la desigualdad?
La respuesta es sí. Aunque los primeros datos pospandemia muestran un aumento de la desigualdad de ingresos, amenazando, de este modo, la recuperación económica inclusiva y el crecimiento futuro, las políticas públicas han conseguido aminorar ese impacto. Es conveniente analizar la efectividad de las políticas públicas de soporte, como pueden ser las prestaciones por desempleo o los ERTE. De este modo, el Gráfico 1 muestra la diferencia entre los índices de Gini antes y después de las transferencias públicas, reflejando la efectividad de los esquemas de soportes de rentas y la reducción de la desigualdad salarial que ha supuesto.
Gráfico 1: Variación del Índice de Gini en España respecto a febrero de 2020 (p.p.)
Fuente: CaixaBank Research (2021)
No obstante, algunas medidas aprobadas recientemente pueden poner en riesgo todo el esfuerzo realizado hasta el momento. De este modo, políticas como el último decreto del Gobierno que penaliza las inversiones en fuentes de energía alternativa o la falta de atención a la inflación pueden desembocar en un aumento considerable de la desigualdad.
Evolución histórica del Índice de Gini español
Si observamos el Gráfico 2, donde se compara el Índice de Gini español con el estadounidense y el alemán en el período comprendido entre 2014 y 2018, nos daremos cuenta de las debilidades de nuestro sistema de bienestar. Cabe destacar que España tiene una renta per cápita menor y una distribución de la renta más desigual que la mayoría de los países más avanzados.
Gráfico 2: Índice de Gini (2004-2018)
Fuente: Banco Mundial (2021)
Es evidente que el índice español es mejor que Estados Unidos, una de las economías más desiguales, pero nos situamos en una peor situación que Alemania. Y es relevante cómo las crisis económicas afectan de una manera acentuada a nuestro país. De esta manera, el nivel de la desigualdad en la recesión de 2008 fue similar al de la crisis de los noventa, a pesar de que el incremento del desempleo ha sido mayor. Además, se observa un importante aumento de las desigualdades entre los años 2005 y 2013. A partir del año 2013, se comenzaron a lograr grandes avances, pero la crisis de la COVID-19 ha afectado de nuevo al panorama de la igualdad social en España. Como ya hemos mostrado, la actuación de las políticas públicas ha ayudado a frenar este impacto.
De este modo, con un mercado laboral que muestra sus mayores vulnerabilidades con determinados grupos de la sociedad, como los jóvenes o las mujeres, la entrada de restricciones de capital muestra repercusiones desiguales. Se calcula que el desempleo español permite explicar hasta un 80% de la varianza del Índice de Gini.
A modo de conclusión, es evidente que la crisis de la COVID-19 ha aumentado la desigualdad. Sin embargo, las políticas públicas, como las prestaciones por desempleo o los ERTE, han logrado frenar su impacto y no socavar el sistema de bienestar. No obstante, las decisiones en otros ámbitos pueden dar lugar a un empeoramiento de otros problemas como, por ejemplo, la crisis energética o la inflación, provocando así un aumento de la desigualdad social.
Además, para lograr una reducción de la desigualdad, es imprescindible proporcionar una respuesta global adecuada, mostrando apoyo entre los países con diferente nivel de ingresos y atendiendo al coste humano y económico que supondría dejar de lado a cualquier zona geográfica.