Hace unos días Mario Dragui, ex presidente del Banco Central Europeo, advirtió del problema actual de la situación económica de las pymes del viejo continente:
“Estamos al borde del precipicio con las insolvencias, especialmente de las pymes, extensibles a muchos sectores y jurisdicciones, a medida que los programas de apoyo se agotan y el patrimonio neto existente es consumido por las pérdidas”.
El Banco de España añadió otro dato que ha hecho saltar las alarmas en nuestro país: el 40% de las empresas en España sufrirá una presión financiera peligrosa para su viabilidad como consecuencia de la crisis, que terminará desembocando en problemas de liquidez y, en el peor de los escenarios, en situación de insolvencia.
En nuestro país según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las PYMES – empresas con hasta 250 trabajadores, un volumen de facturación de menos de 50 millones de euros y un total de activos de menos de 43 millones de euros – representan el 99,8% del tejido empresarial del país. Buena parte de esas PYMES son las que el ICO, en colaboración con el sector bancario, está intentando sostener a través de préstamos garantizados por el Estado, con la esperanza que se recupere la actividad empresarial antes que los créditos empiecen a amortizar.
El balance de 2020 según el informe realizado por el Instituto de Crédito Oficial detalla que se han avalado un total de 944.588 operaciones que corresponde a un importe de 87.085,8 millones de euros. Esto ha permitido que las empresas hayan recibido 114.647,7 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante. Como explicamos en este fact check sobre los avales del ICO, este tipo de préstamos concedidos por la banca tenían una duración de hasta 5 años y una moratoria del pago del principal de 1 año, conceptos que posteriormente se ampliaron a 8 y 2 años respectivamente.
Desde el momento que se comenzó a reconocer que la recuperación económica postpandemia no sería en forma de “V” y que por lo menos se tardaría 2-3 años en recuperar la actividad pre-Covid19, la banca se puso manos a la obra pidiendo al BCE y al Gobierno de España la ampliación de las moratorias un año más y alargar el vencimiento hasta un máximo 8 años.
Gracias a ello, la tasa de morosidad del sector bancario se ha situado en el 4,5%, pero como ya hemos explicado en otro fact check, esta tasa está «dopada», y los créditos dudosos empezarán a aumentar a medida que se vayan venciendo estas medidas. Tanto es así, que el propio Banco de España sigue aconsejando a la banca el aumento en sus provisiones ante el incremento significativo que se espera de la mora.
La tercera ola que estamos viviendo actualmente, sumada a las restricciones que imponen los distintos gobiernos para contenerla, impactará de lleno a las PYMES, sobre todo a las micro-pymes, las más castigadas durante la pandemia. Como avanzaron Mario Dragui y el propio Banco de España, a medida que se prolongue la recuperación y siga bajando la actividad y los programas de apoyo de emergencia vayan llegando a su fin, las pérdidas serán tan importantes que será difícil para ciertas empresas recuperarse.
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