Probablemente una de las noticias más relevantes de la actualidad económica y política española ha sido el acuerdo para llevar al Congreso los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Es importante destacar que los PGE no incluyen la totalidad del gasto público, pues el gasto de comunidades autónomas y entes locales queda al margen en este sentido. Aunque estos presupuestos están sujetos a posibles modificaciones que se puedan dar en la negociación con los demás grupos parlamentarios para su aprobación, el Ejecutivo tiene previsto cerrar el año con un déficit público del 5% del PIB, considerablemente inferior al 8,4% previsto para 2021 y al 10,95% que representó en 2020.
En este fact-check queremos analizar la viabilidad de esta reducción del déficit público, teniendo en cuenta que la economía española debe hacer frente a importantes desafíos, como la precariedad laboral, el paro juvenil, las dificultades de acceso a la vivienda y el reto demográfico, con las pensiones como máximo exponente.
¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos previstas en el PGE?
Las principales fuentes de ingreso giran en torno al aumento de ingresos tributarios y los provenientes de fondos europeos.
Según lo previsto, los ingresos tributarios ascenderán en un 8,1% con respecto a la recaudación incluida en el Avance de Liquidación de 2021. Estos se estiman en 232.352 millones de euros. El Banco de España ya ha advertido que el cuadro macroeconómico esperado no se cumplirá, de tal manera que el aumento nominal de tributación no se dará tanto por crecimiento económico sino por la inflación, con un deflactor de precios realmente bajo. Así, mientras que los tipos impositivos del IRPF, IVA, IS e impuestos especiales aumentan un 6,7%, 9,5%, 11,8% y 8,2% respectivamente, también crecerán en términos nominales debido a que el aumento de la masa salarial incrementará considerablemente el ingreso por IRPF y a que el aumento de precios dará lugar a una mayor recaudación del IVA.
Por otro lado, el ingreso de los fondos europeos aumenta un 3,75%, alcanzando de esta manera los 27.633 millones de euros. Está previsto que se destinen en un 90% a inversiones, sobre todo en política industrial, rehabilitación de viviendas, movilidad sostenible e impulso a pymes. La correcta gestión de dichos fondos será la piedra angular para lograr un mayor crecimiento de la economía y un aumento de la productividad, que tantos problemas da en España. Para ello, será indispensable invertir en digitalización.
¿A qué partidas se destinan estos ingresos?
El gasto consolidado del Estado previsto alcanzará una cifra histórica, creciendo un 0,6% con respecto a 2021, y alcanzando los 458.970 millones de euros. Las principales partidas de gasto están representadas por el pago de pensiones (37,3%), seguido por los intereses de deuda pública (6,6%) y por el desempleo (4,9%). Es significativo el incremento de 8.000 millones de euros de la partida de pensiones con respecto a 2021. Con un gasto tan elevado en pensiones, el gobierno ha comenzado a implementar políticas que incentivan los planes de pensiones privados, como los planes de pensiones de empleo. De alguna manera, este tipo de políticas nos aproxima a un sistema mixto de pensiones, que tanta relevancia está tomando en el resto de Europa.
Por otro lado, es importante señalar que los presupuestos de todos los ministerios aumentan respecto a 2021, a excepción de los siguientes: Trabajo y Economía Social (con una reducción del 64%), Transición Ecológica y el Reto Demográfico (disminuye un 18%), Sanidad (con un decrecimiento del 17%) y Universidades (con una caída 7%). Quizás sea lógico la disminución del gasto en los ministerios de Trabajo y Economía Social y Sanidad debido al enorme aumento del gasto que supuso la gestión de la COVID-19. Sin embargo, llama la atención la caída del gasto en Transición Ecológica y Reto Demográfico, con los problemas que está conllevando la subida del precio de la luz y con una pirámide poblacional que difícilmente garantiza el Estado de Bienestar futuro.
De esta manera, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ya ha advertido del aumento del gasto estructural. Los niveles previos a la COVID-19 se situaban alrededor del 3% y las previsiones nos sitúan por encima del 4%.
Entonces, ¿es realista una reducción del déficit público de más del 50% del 2020-2022?
Con esta información, parece viable una reducción del déficit público para alcanzar el objetivo del 5% propuesto en los Presupuestos Generales del Estado y llevados a Bruselas, lo que supondría un logro sin precedentes (ver Gráfico 1 a continuación). El aumento del gasto puede ser sustentado por el fuerte incremento de los ingresos, impulsados a su vez por la llegada de los fondos Next Generation. De hecho, la AIREF ya ha anunciado que podríamos llegar a lograr el objetivo del 5% de déficit público.
Gráfico 1: Evolución del déficit público en España
El problema principal no radica tanto en el nivel de déficit público y deuda, sino en el pago de intereses. Así, la intervención del Banco Central Europeo (BCE) y la confianza de los inversores en esta política adquiere gran relevancia, ya que la clave para tener tipos tan bajos de la deuda son las compras del BCE, que permiten financiar una emisión récord a tipos próximos al 0%. De hecho, la agencia de rating Standard Plus ha mejorado la calificación de la deuda italiana basándose principalmente en estos tipos de interés bajos. Las compras del BCE están garantizadas hasta marzo del próximo año y el mensaje es que la retirada será gradual.
El riesgo radica, de esta manera, en que el shock de inflación que estamos registrando en energía y bienes industriales se traslade a salarios y al sector servicios y fuerce a los bancos centrales a una retirada no gradual de los estímulos.