La globalización, entendida como un proceso progresivo con implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales, medioambientales, de seguridad o tecnológicas, es un proceso dinámico que genera oportunidades y, al mismo tiempo, provoca situaciones de riesgo e incertidumbre. No tiene demasiado sentido preguntarse cómo habría evolucionado la globalización en ausencia de la pandemia, aunque sí se puede asegurar que la COVID-19 dejará una profunda huella en su dinámica.
¿Cómo? En primer lugar, reintroduciendo las variables «seguridad», «riesgo» y «vulnerabilidad», y reforzando su peso en la ecuación de toma de decisiones. El coronavirus ha puesto en evidencia la fragilidad de todos con independencia del lugar geográfico de residencia e incluso de su renta. Respecto a la globalización, el andamiaje institucional sobre el que se venía cimentando este proceso ha demostrado ser más vulnerable de lo que parecía, porque ya estaba demostrando su fragilidad a tenor de lo que estaba sucediendo con el auge del nacionalismo económico, las guerras comerciales como la de los EE.UU. contra China y otros bloques comerciales del mundo, el abandono de los grandes acuerdos multilaterales como los del clima, en materia de seguridad con el acuerdo nuclear de irán, o la degradación de instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En sentido productivo, para garantizar la seguridad del suministro y producción, la pandemia ha puesto en evidencia riesgos que han constituido barreras para el funcionamiento de la cadena de valor global y de las cadenas de suministros particulares. Una realidad que condicionará futuras decisiones de inversión y de suministro y búsqueda de proveedores.
Los efectos de la toma de conciencia de esa indiscutible vulnerabilidad son aún más directos en los ámbitos productivos vinculados con el sector sanitario, donde habrá que asegurar una mínima capacidad productiva propia -nacional o europea por ejemplo- en cuanto a la acumulación de reservas estratégicas de material -vacunas, mascarillas, respiradores, equipos para UCIs, etc-. Algo que, por otra parte, se venía recomendando desde hace años en las diferentes estrategias nacionales, europeas o incluso de la OTAN y que no había sido atendido, como tampoco se habían desarrollado planes de contingencia ni estrategias mínimamente consensuadas para defender nuestro sistema democrático y la estructura económica y social que lo sustenta.
Las instituciones multilaterales han sufrido un nuevo y duro revés a pesar de que, en determinados aspectos, esta crisis exige medidas supranacionales. Ese deterioro de los instrumentos creados para provisionar bienes públicos globales como el derecho internacional, el comercio internacional, la seguridad, el clima y la conservación del medio ambiente, tendrá efectos sobre elementos que son parte sustancial de nuestro marco político, económico y social. Así, es evidente el riesgo de que esta crisis genere un repliegue nacional y una brusca detención de los intercambios que son fuente de renta y bienestar, de valor económico, sino también de riqueza cultural y diversidad. La defensa y reconstrucción del multilateralismo deberá abordarse, una vez más tras los fallidos intentos previos a la crisis de 2008, necesariamente desde bases distintas. Una tarea en la que la Unión Europea post Brexit debería desempeñar un papel crucial si no quiere caer en la más absoluta irrelevancia. Ésta será una de las grandes cuestiones globales de las próximas décadas que exigirá claros y renovados liderazgos ahora inexistentes a escala global.
No es menos preocupante el riesgo de pérdida de influencia de los principios y valores democráticos basado en derechos y libertades, y de los países y sociedades tradicionalmente comprometidas en ese fin, en apoyo de la democratización y de su constante perfeccionamiento, motivada por el cierre de las fronteras económicas, el deterioro del bienestar de sus sociedades, la distorsión generada por la eclosión de gobiernos populistas, y la competencia de alternativas capaces de sacar a millones de personas de la pobreza en marcos políticos autoritarios y de ausencia de libertades y garantías -las llamadas autocracias tecnológicas-.
Un riesgo aún mayor para países abiertos como los europeos volcados en el comercio exterior. Y por supuesto para España como potencia turística, cultural y lingüística, a horcajadas del Mediterráneo y del Atlántico, con Europa primero, y con América Latina, norte de África y espacio transatlántico después, son elementos irrenunciables de su esencia política, productiva y cultural.
Para Europa, una vez consumado el Brexit, dos son los grandes retos que la pandemia ha colocado en primera línea. El más claro, de nuevo, la gobernanza del euro ante la evidencia de que es insuficiente e incompleta para afrontar el inédito shock que ha supuesto la propagación de la COVID-19 y las medidas adoptada para detener su expansión. El debate acerca de cómo financiar las medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la pandemia demuestra que la arquitectura institucional sigue siendo insuficiente, ha reabierto la confrontación norte-sur, y debilita la capacidad de la Unión en su conjunto para afrontar con éxito los retos económicos de una Europa rezagada en su impulso innovador e industrial desde antes de la epidemia. No en vano la necesidad de abordar a escala europea una estrategia para todo el continente europeo como región industrial ante China y los EE.UU. ya venía de antes. La inteligencia artificial, el big data, la computación cuántica, las tecnologías punteras para la transición energética o el ámbito aeroespacial conforman batallas que se estaban perdiendo desde antes.
Europa debe avanzar con urgencia y a corto plazo, en esta legislatura europea, en ámbitos clave que no exigen modificaciones de los tratados como la armonización fiscal y la lucha contra la elusión fiscal dentro de la propia Unión y de la zona euro. También debe resolver las cuestiones monetarias ligadas a la actuación del BCE, y el respaldo a las políticas de inversión en innovación en sectores estratégicos capaces de impulsar el crecimiento conjunto de la Unión, su competitividad a escala global y la transición energética liderando la lucha contra el cambio climático.
El segundo reto europeo es el de su cohesión política agravada por el auge del populismo en los países de Europa del Este pero también con fuerzas relevantes en España, Francia o Italia, y nuevos desarrollos preocupantes como la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán respecto al BCE que, al margen de su contenido “monetario”, va directamente en contra del principio de supremacía del derecho comunitario, en un momento en el que algunos Estados miembros como Hungría o Polonia adoptaban decisiones contrarias a los principios democráticos básicos, decisiones que ya están bajo el escrutinio de la instituciones europeas y que deberán acabar interviniendo. Mientras, la crisis del coronavirus ha vuelto a erigir fronteras, se han prohibido los viajes, se ha limitado la entrada de personas en función de su nacionalidad y ha obligado a cancelar millones de intercambios.
Europa sigue siendo no sólo la única solución para los problemas actuales de nuestra sociedad y economía, sino el único espacio que puede garantizar el mantenimiento de nuestro modelo de sociedad, de nuestro modo de vida, como sociedad cohesionada con alto gasto social al mismo tiempo que competitiva y abierta. Por ello, resulta temerario y es una absoluta irresponsabilidad generar desafección sobre Europa como vía para resolver disputas de orden doméstico.
La crisis de la COVID-19 ha generado impactos en ámbitos fundamentales para la geopolítica. Donald Trump había declarado repetidas veces que, con él al frente, EE.UU. pretendía renunciar a su tradicional papel de liderazgo mundial en materia de seguridad, afirmación que todavía no había sido comprobada. La del COVID-19 es la primera crisis global de calado, que exigía liderazgo y acciones y en la que EE.UU. no ha mostrado la más mínima intención de marcar la pauta en su resolución. La renuncia estadounidense contrasta con el despliegue de la diplomacia sanitaria de China, complementaria de su eficaz y potente “nueva ruta de la seda” lanzada en 2013. Una potencia, China, con vocación de liderazgo global, y que forma parte del orden internacional y multilateral mientras no comparte de manera clara y abierta los valores y principios sobre los que construyeron las instituciones y mecanismos globales. Una realidad preocupante en la que algunas tendencias se aceleran exigiendo reacciones.
La pandemia ha generado otro tipo de efectos geopolíticos. Por ejemplo, sus efectos sobre el mercado del petróleo y de la energía en general auguran nuevas convulsiones en Oriente Medio, el norte de África y Magreb, sobre la estrategia global de lucha contra el cambio climático y la actitud de relevantes actores como Brasil o Rusia en sus inmensos vecindarios. Es pronto también para medir sus consecuencias económicas en ámbitos relevantes que atravesaban situaciones críticas -Argentina, México y Turquía son bueno ejemplos y ya se verá que sucede en India o Indonesia o en gigantes como Nigeria-. No hay conflicto o crisis que no se haya visto afectada por la pandemia.
En este contexto, durante las últimas semanas desde Deusto Asuntos Globales World Affairs & Strategic Issues hemos preguntado a los miembros de su Consejo Asesor acerca de cuáles son los principales retos y transformaciones que, desde una perspectiva global y geopolítica, afrontaremos tras la pandemia. Aunque la COVID-19 no se haya ido todavía, y al margen de cuándo se solucione definitivamente en términos sanitarios -vacuna y recuperación-, la realidad ya se ha transformado, aunque no todos los cambios son todavía visibles.
Sus principales reflexiones desde una perspectiva global son que se abre una nueva época marcada por la incertidumbre, pero que también será una oportunidad para el cambio. A medida que conozcamos mejor las consecuencias de la COVID-19, se irán consolidando nuevas prioridades en los procesos de toma de decisiones, como consecuencia de una aceleración de tendencias ya existentes en lo privado, en lo económico, y en las políticas públicas como hemos destacado para Europa.
Políticamente, la crisis es una ocasión para luchar contra los populismos desde la solvencia de las políticas objetivas y directas, con transparencia, demostrando la verdadera dimensión de lo posible. Es una oportunidad para ratificar y renovar la experiencia, el conocimiento y el trabajo de las instituciones. Así, la destrucción creativa brinda una vía para avanzar hacia un futuro mejor.
Asimismo, hay quien apunta que se darán las condiciones para la adopción de un nuevo “contrato social”, lo cual quiere decir sentar las bases para una distribución y participación efectiva más justa en la sociedad, para todos sus miembros, a partir de las lecciones que se extraigan de momento actual poniendo en valor la democracia, los consensos, y los pactos alcanzados en momentos difíciles como el de la pandemia. Esta crisis va a modificar las prioridades, tanto colectivas como individuales, y provocará cambios de las políticas públicas. Ese posible nuevo contrato social puede resultar clave para reforzar la diferenciación de las democracias europeas de las “exitosas” autocracias tecnológicas y frente a los frustrantes e infructuosos populismos.
En definitiva, la crisis de la COVID-19 va a ser un catalizador de tendencias ya presentes con anterioridad, como la transformación del proceso de globalización afectado por profundos cambios geopolíticos y el determinante rol de la tecnología.
Juan Moscoso del Prado
Miembro del Consejo asesor del ORFIN