En medio del debate sobre las barreras del uso de nuestros datos personales y digitales para garantizar la seguridad frente a esta pandemia del coronavirus, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño, ha aprobado una norma que permite la geolocalización a través del móvil de todos los ciudadanos para verificar si se encuentran en la comunidad autónoma en la que declaran estar.
Hasta ahora, los países que mejor han gestionado esta crisis sanitaria han sido los asiáticos. China, Corea del Sur y Taiwán tienen dos cosas en común: protocolos de actuación rápida y sociedades digital y tecnológicamente muy avanzadas. Como se aprecia en el gráfico, España se sitúa en el puesto undécimo de la Unión Europea en digitalización, justo por delante de Alemania. La crisis del COVID19 nos ha hecho despertar bruscamente. España está muy atrasada en el uso masivo de datos con sistemas de inteligencia artificial, especialmente en el sector público.
El ORFIN es un observatorio del sector financiero y en este ámbito estamos mejor preparados. Nuestros bancos estuvieron en la vanguardia mundial al introducir la tecnología. Por ejemplo, España dispone de sistemas electrónicos de transferencias desde hace décadas mientras en EE.UU. aún hay muchos ciudadanos que siguen usando los cheques en papel. La banca por móvil tardó en llegar a España pero ahora para la mayoría de españoles es la forma habitual de realizar nuestras transacciones. A eso hay que sumar una tupida red de cajeros. Y sistemas alternativos como Bizum de pago por número de móvil y no por número de cuenta. Gracias a todos estos sistemas los españoles hemos podido estar confinados y disponer de dinero para mantener nuestras compras o todas nuestras transacciones sin necesidad de acudir a las oficinas bancarias físicamente.
La tecnología nos puede ayudar mucho a gestionar la crisis, a salir de ella y a gestionar otras crisis en el futuro. Por ejemplo, un buen uso de los datos de esas empresas que han solicitado los créditos y han recibido los avales del Gobierno permitiría disponer de un cuadro de mandos para gestionar más eficientemente la política pública. Podrían cruzarse con datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social. Por supuesto esos datos sólo los puede tener el Estado, con estrictas garantías de privacidad como las que ya existen en nuestros datos fiscales. Estos datos fiscales, bancarios, de consumo de electricidad o de telefonía móvil también pueden ayudar a identificar a la población vulnerable.