El BCE ha decidido, en su reunión del día 4 de junio, ampliar su programa de compra de activos unos 600.000 millones de euros, los cuales, sumados a los anteriores, suponen un estímulo monetario de hasta 1,3 billones de euros. Es un estímulo que supone incrementar el ritmo de compras mantenido durante la primera edición de su programa de expansión cuantitativa, de 2015 a 2018, en el que consumió hasta 2,6 billones de euros en cuatro años. Las medidas de política monetaria están destinadas a reactivar la economía y a incrementar la inflación, que se encuentra muy lejos del objetivo marcado por la política monetaria.
El efecto de esta relajación de la política monetaria busca que la misma no obstaculice la frágil recuperación de la inmensa recesión producida por el coronavirus. Con ese objetivo, el QE plantea una reducción de los rendimientos de los bonos, permitiendo a las corporaciones y sobre todo al sector público acceder a financiación a precios más asequibles. En otras palabras, es una política monetaria que conecta con la política fiscal –permite a los estados endeudarse a un menor precio-, de manera que se supone que de esta manera se facilita tanto la inversión pública como privada, reactivando los canales tradicionales de la política monetaria.
Los efectos de esta masiva inyección de dinero en la economía no están exentos de aspectos negativos: al inundar de liquidez los mercados, el precio de los activos corre el riesgo de separarse de sus valores fundamentales, incrementando la probabilidad de nuevas burbujas. En términos económicos, es dudoso que esta política monetaria pueda suponer un contrapeso adecuado a la caída de la actividad económica. Si ya en 2019 se contaba con que el Banco Central Europeo poco podía hacer ya para reactivar la frágil economía europea, menos ahora. La política monetaria no puede sustituir a la política fiscal, sino apoyarla y, en el mejor de los casos, no obstaculizarla. La ampliación del programa es también un indicador de cómo percibe el Banco Central Europeo el escenario económico: la recesión en la que estamos es mucho más profunda de lo que podría parecer a principios de la crisis y el BCE avisa de que probablemente los instrumentos utilizados hasta el momento no sean suficientes para hacer frente a la nueva situación. En estas condiciones, el sistema financiero tiene ante sí el importante reto de mantener su solvencia y rentabilidad, ya que lo peor que le podría ocurrir a la economía europea es que la crisis fiscal derive en una nueva crisis bancaria.
La política del BCE ayuda, pero no será suficiente. Hace falta tomar otras medidas.
José Moisés Martín Carretero
Miembro del Consejo Asesor ORFIN