El túnel de la recuperación es más largo y angosto de lo que se preveía. La OCDE ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento de la economía española, en línea con lo que ya habían apuntado otros organismos como el FMI –Fondo Monetario Internacional– o el Banco de España. De este modo, la recuperación de los niveles de PIB precrisis tendrá que esperar hasta el año 2023, a diferencia de lo que ocurre en algunos países europeos, que ya han superado la barrera de los niveles prepandemia. La estructura productiva española, el sesgo exacerbado hacia el sector servicios de bajo valor añadido y la atomización del tejido empresarial están detrás del comportamiento abrupto de la caída del PIB y de su lenta recuperación. No ayuda la incertidumbre de las nuevas variantes del virus de la COVID-19, ni tampoco la constatación de la baja ejecución de los Fondos Next Generation, sobre los que está depositada la esperanza de la transformación hacia la economía digital y verde que se impone.
Recuperación a dos velocidades
En esta lectura macroeconómica cabe señalar que la foto no es lineal ni homogénea, sino que también conviene distinguir dentro de España dos velocidades de recuperación. Por un lado, el ámbito urbano y, por el otro, el rural; una diferencia que no es nueva. Si atendemos a los datos de PIB que ofrece Eurostat, detallados por grado de urbanización, desde 2012 a 2018 la tasa de variación acumulada del PIB rural fue del 8,9%, frente al 19% registrado en los entornos urbanos. A día de hoy, no tenemos datos cerrados de lo que ha significado la pandemia en esta brecha, pero los indicadores disponibles apuntan a que se ha incrementado significativamente. Si el tejido empresarial español se caracteriza por el elevado peso relativo de las pymes, en las áreas rurales destaca por una presencia mayoritaria de microempresas, de las cuales, más de la mitad carece de asalariado alguno y el trabajo autónomo tiene un peso relativo muy elevado. En la medida que el tamaño empresarial incide directamente sobre la productividad y la competitividad, esta realidad agudiza las debilidades y restringe la capacidad de apertura de los mercados, el desarrollo de la innovación, al tiempo que condiciona el menor nivel de renta por habitante, que también se ve coartado por el fuerte envejecimiento de la población. Urge atender esta situación y revertir el círculo vicioso que se ha generado y reconducirlo hasta encontrar la senda del camino virtuoso.
En este sentido, las lecciones pandémicas pueden ser una oportunidad. El Pacto Verde Europeo ha puesto el foco en los retos y necesidades del mundo rural, a los que han de sumarse las líneas de actuación habilitadas al albur de los Fondos Next Generation. La España digital y verde debe avanzar hacia el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, lo que abre un amplio espectro de oportunidades para la generación de actividad económica en los territorios rurales y no solo en el ámbito de la industria agroalimentaria, que es fundamental, sino también en los servicios avanzados de alta tecnología, muchos de los cuales están relacionados con la silver economy. La “economía de las canas” tiene un enorme potencial de crecimiento, y España puede liderarlo para convertirse en el gran laboratorio de Europa, cuya tendencia demográfica es semejante aunque lleve cierto retraso.
Mientras esta transformación se produce, el balance del año 2021 no es halagüeño, a pesar del crecimiento que, en todo caso, se ha quedado corto. El desequilibrio fiscal estructural del Estado puede ser un lastre muy pesado a partir del año 2023 y, según el Atlas Concursal 2021 –cuyas previsiones adelantó el Consejo General de Economistas–, España lidera el aumento de las insolvencias empresariales. Si a nivel mundial se espera que el índice de incremento de insolvencias con respecto a 2019 sea del 15% en 2022, en España puede ascender hasta el 26%. Todo ello aderezado por una tensión inflacionista que frena la recuperación e introduce más incertidumbre en el horizonte económico.
Los retos en los ámbitos público y privado
Con un sector público dopado por la política monetaria del Banco Central Europeo, la recuperación no está exenta de plantear reformas estructurales pendientes. En el ámbito público, es necesario rebajar el déficit estructural de la administración, lo que implica abordar la reforma fiscal, al tiempo que trazar un calendario creíble y contundente de reducción de la deuda pública sobre PIB, que seguirá en el 2026 al mismo nivel que hoy, aproximadamente en un 117%, según previsiones del FMI.
España tiene importantes retos por delante, tanto en el sector público como en el privado, para los cuales hay un diagnóstico claro y un tratamiento prescrito. Ahora solo falta que el paciente sea disciplinado y acate las recomendaciones, al tiempo que agilice la administración de los fármacos. El futuro es lo único que todavía está por escribir y esta crisis es la última oportunidad en décadas para combatir las causas de fondo del diferencial de crecimiento de la economía española. Es perentoria la apuesta por los sectores estratégicos, con una nueva política industrial capaz de potenciar la economía productiva. Para esto, igual que le decía la Reina Roja a Alicia en el país de las Maravillas, debemos correr más que los demás; si corremos igual, estaremos dando vueltas al mismo árbol. Toca esprintar.
María Cadaval
Miembro del Consejo Asesor del Observatorio sobre la Realidad Financiera