La pasada primavera, la Unión Europea dio el espaldarazo definitivo a su estrategia de finanzas sostenibles con la aprobación de la taxonomía europea sobre sostenibilidad, un instrumento que permite caracterizar las inversiones “verdes” para sistematizar, dotar de transparencia y unificar criterios en torno a las llamadas finanzas sostenibles, que están viviendo un auténtico boom dentro de la industria financiera. La aprobación de la taxonomía abre las puertas a uno de los más graves problemas que mantenían este tipo de inversiones, a saber, la ausencia de estándares comúnmente aceptados, algo que impedía una adecuada formación de precios de los activos y que, por lo tanto, dificultaba la creación de un mercado financiero integrado adecuadamente. Con la taxonomía, se inicia un camino destinado a incorporar las inversiones verdes como un activo más, que se puede integrar en las carteras de inversión que siguen estrategias de diversificación.
Taxonomía de inversiones sociales
El proceso no se acaba ahí. La Comisión Europea quiere completar este proceso con la aprobación de una taxonomía de inversiones sociales, un instrumento que permitirá, de nuevo, establecer criterios específicos sobre la identificación y valoración de las inversiones destinadas a apoyar al emprendimiento social, las inversiones dirigidas a mejorar la inclusión sociolaboral de las personas en desventaja, o a nuevos proyectos en el ámbito sanitario, social o educativo.
Si bien la taxonomía “verde” debe ser considerada un éxito, la taxonomía social está encallando por la dificultad de precisar exactamente cuáles son los impactos y sectores sociales a los que debe ir dedicada. Queda en este ámbito mucho trabajo por hacer, pero es esencial completarlo exitosamente si queremos que las inversiones sociales ocupen, junto a las inversiones sostenibles, el lugar que les corresponde en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las inversiones sociales en España
En España, la Inversión de Impacto (aquella que tiene una intencionalidad explícita de generar un impacto social positivo) vive un momento de despegue movido fundamentalmente por las organizaciones, fondos de inversión y profesionales que se han agrupado en torno al Foro Impacto, que logró en 2019 que España entrara en el Global Steering Group de inversiones de impacto, conformándose al tiempo como el Consejo Nacional Asesor para España de esta iniciativa global. Este despegue necesita de un impulso para escalar y ser verdaderamente significativo.
Para ello, es imprescindible que el sector de las inversiones sociales y de impacto encuentre un interlocutor válido en la administración general del Estado, pues para poder desarrollarse plenamente, este ecosistema requiere de un set de políticas públicas que todavía está por construirse en nuestro país. Así lo han hecho países pioneros como el Reino Unido, Francia o Portugal, que nos llevan mucha ventaja en este ámbito.
Esperemos que una culminación adecuada de la taxonomía social permita despejar el camino para que las inversiones sociales y de impacto ocupen, junto con las finanzas sostenibles, el lugar que les corresponde en el debate sobre el papel que puede jugar el sistema financiero en el cumplimiento de los ODS. Mientras esto ocurre, sería además necesario que las administraciones públicas asumieran el reto de contribuir, con las políticas públicas adecuadas, a consolidar un sector cuyo potencial está todavía por explotar en nuestro país. En esto, como en otras tantas cosas, vamos con retraso.
José Moisés Martín Carretero
Miembro del Consejo Asesor del Observatorio sobre la Realidad Financiera