El INE ha publicado el PIB del tercer trimestre y revisado al alza seis décimas su estimación preliminar, hasta el 2,6% trimestral. Es un crecimiento muy intenso que coincide con los datos de afiliados a la Seguridad Social y las ventas de IVA de grandes empresas que publica la Agencia Tributaria. No obstante, el PIB sigue un 6% por debajo de niveles prepandemia, cuando las afiliaciones ya han recuperado toda la caída excluyendo los ERTE y las ventas de IVA están solamente un 2,5% por debajo.
Desde el Orfin, recientemente presentamos nuestras previsiones en un informe trimestral, sin contar con esta revisión del INE, por lo que el crecimiento será algo mayor de lo previsto, pero seguirá próximo al 4,5%. La Agencia Tributaria publica datos semanales de ventas de IVA, y en octubre y noviembre han crecido con más intensidad que el pasado verano. Por lo tanto, la recuperación está aumentando su tracción. Es meritorio, ya que el aumento de la inflación reduce la capacidad adquisitiva de los salarios y afecta negativamente al consumo de las familias, así como a los márgenes de las empresas y a la inversión.
Nuestra previsión para 2022 es de un crecimiento próximo al 5% que podemos considerar optimista teniendo en cuenta las circunstancias adversas de la nueva ola ómicron, los problemas de suministros globales y la crisis energética. El principal pilar de la recuperación sigue siendo el BCE y su política monetaria de tipos cero y compras masivas de deuda. Solo así se puede explicar que, con el aumento de 200.000 millones de euros de deuda pública en España en 2020, el Tesoro se financiase al 0% de promedio en las nuevas emisiones. Por ello, la política monetaria y la política fiscal son una única política que actúa de manera coordinada.
El BCE ha anunciado la reducción de sus compras a la mitad, pero seguirá comprando 500.000 millones de deuda en 2022, y a España le corresponderán más de 50.000 millones. En cuanto a los tipos, estos seguirán al 0%, aunque nuestra inflación ha repuntado hasta el 6% y la subyacente al 2,5%. Lo que verdaderamente determina las decisiones de consumo e inversión son los tipos de interés reales, y los tipos serán más negativos y más expansivos en 2022.
La tasa de paro disminuirá, pero seguirá siendo la más alta de la OCDE. En este sentido, el Gobierno acaba de alcanzar un acuerdo de mínimos con los agentes sociales y no esperamos que tenga efectos significativos sobre los incentivos a la contratación ni sobre la tasa de temporalidad, donde se concentra la mayor parte de la precariedad salarial.
La mayor amenaza para la recuperación es el coste de la energía y, especialmente, del gas. Las reservas de gas en Europa están en mínimos, y China y Asia han aumentado su consumo y presionan al alza sobre el gas que llega por barco a nuestros puertos desde Oriente Medio. A eso hay que añadir la tensión geopolítica con Rusia: Putin ha movilizado sus tropas en la frontera de Ucrania, con una estrategia similar a la que desarrolló en 2015 en Crimea, y que supuso su invasión y anexión. Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN han advertido a Putin que no le van a permitir invadir Ucrania. Por ello, y como medida de presión, Rusia no está atendiendo el crecimiento de la demanda de gas en el mercado de contado y está permitiendo que los precios se disparen a máximos históricos.
La crisis energética ha dejado en evidencia que el sistema de formación de precios de electricidad europeo no es eficaz en la nueva realidad tecnológica. El mercado resuelve la oferta y demanda a corto plazo pero, lo hace con tanta volatilidad, que mandan señales erróneas e inciertas para la inversión de medio y largo plazo. Esto explica que los mercados de opciones y futuros a plazo apenas tengan transacciones, y eso favorece la mayor volatilidad en el mercado. El problema es que es necesario un consenso para cambiar el modelo y hay muchos intereses encontrados en el Consejo Europeo para alcanzarlo.
Donde el Gobierno sí está consiguiendo avances significativos es en la reducción del déficit público. Los ingresos públicos crecen más de lo previsto y los gastos están contenidos; y la combinación de ambas variables nos lleva a anticipar un déficit próximo al 4% del PIB. Aunque España seguirá teniendo un déficit público primario próximo al 2% del PIB, el crecimiento será muy superior al coste de intereses de la deuda, y eso permitirá iniciar una senda de reducción de la deuda pública. No obstante, como acaba de advertir el FMI en su informe sobre España, el elevado nivel de deuda pública es nuestra principal vulnerabilidad, y será necesaria una senda de ajuste fiscal creíble a partir de 2023, cuando la recuperación esté consolidada.
Como repetimos cada trimestre, la clave para que la deuda pública retorne a una senda sostenible es aumentar el crecimiento potencial. Desde el año 2000, España ha dejado de converger en renta por habitante con el promedio de la Unión Europea, que es el área del mundo que menos crece. Tenemos un serio problema de crecimiento de productividad y los nuevos fondos europeos son una oportunidad histórica para que la economía española se enganche a la era de la tecnología global. Especialmente los fondos para digitalizar nuestra economía desde el sector público hasta las empresas, tanto las grandes como las pequeñas. Los datos masivos y la inteligencia artificial han cambiado la forma de relacionarse con clientes, proveedores y trabajadores, y de organizar los procesos productivos. Las empresas que no se adapten a esta nueva revolución sufrirán y tendrán que reducir empleo y salarios.
Los fondos exigen reformas y el Gobierno ha presentado una serie de leyes que apoyan esta transformación, como la Ley de Startups, la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas o el Fondo Next Tech. Como destacamos en nuestro informe sobre el papel del Capital Riesgo, en la recuperación, España tiene un grave problema estructural de tamaño empresarial: tenemos grandes empresas con niveles de productividad comparables a sus homólogas en la OCDE, pero son muy pocas. Por eso, es clave apoyar a las medianas empresas para que crezcan, especialmente a las innovadoras y orientadas a la internacionalización. Ellas serán el pilar que permitan aumentar la productividad, el empleo y los salarios y, si muchas de estas tienen éxito, aumentará nuestra renta por habitante y los ingresos públicos, y podremos mejorar las pensiones y el estado de bienestar, al tiempo que devolvemos la abultada deuda pública generada desde 2007.
Para ello, es necesario desarrollar los mercados de capitales para las pymes. La banca ya ha comenzado a lanzar y financiar fondos de deuda que permiten diseñar estructuras de financiación más sofisticadas para este tipo de empresas en expansión, lo cual es una excelente noticia. Ahora es necesario que los españoles reduzcamos nuestra inversión en ladrillo e invirtamos en innovación y tecnología. Los fondos de pensiones y las aseguradoras son claves en Estados Unidos para financiar este tipo de empresas, pero en Europa y, más concretamente, en España, la regulación les sigue penalizando y limitando su inversión.
Vamos avanzando pero, en cuestión de productividad, aún nos queda todo por hacer.
José Carlos Díez
Director del ORFIN