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Mercado Interior Europeo. 30 años no es nada

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Han pasado treinta años desde que se lanzó formalmente el Mercado Interior (en adelante, MI), lo que nos brinda la oportunidad de echar la vista atrás para evaluar el papel que ha jugado hasta la fecha en el proceso de integración europea.

El MI se puede entender como la culminación del mercado común de la Unión Europea (UE), tal y como establecía el artículo 2 del Tratado de Roma de 1957. Se aspiraba, entonces, a desmantelar las barreras arancelarias que afectaban al comercio de mercancías entre los Estados miembros mediante la creación de una unión aduanera, incluyendo la adopción de un arancel común con terceros países y prohibiendo cualquier arancel en el comercio entre los socios comunitarios. 

Los ocho artículos dedicados a la política de competencia trataban de evitar prácticas privadas (antitrust) y públicas (ayudas de estado) que distorsionasen el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, pronto se comprobó que una unión aduanera no solo no eliminaba las fricciones al comercio, sino que tampoco conducía a una asignación eficiente de los factores de producción en el seno de lo que más tarde sería la UE.   

El Libro Blanco sobre la realización del mercado interior, publicado por la Comisión Europea el 14 de junio de 1985, proponía 279 medidas legislativas a fin de crear “un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados” (artículo 26 del Tratado -TFUE). El Libro Blanco quedó plasmado en el Acta Única Europea. A fin de garantizar las cuatro libertades de circulación, se eliminaba el principio de unanimidad, que había obstaculizado la adopción de la legislación comunitaria necesaria para armonizar o reemplazar la legislación nacional. 

El Acta Única también sustituyó el enfoque de armonización total por el de estándares mínimos y el principio de reconocimiento mutuo; es decir, lo que era bueno para un español no podía ser malo para un alemán. Como consecuencia, el marco regulatorio de los sectores afectados por el MI, incluyendo los estándares técnicos y de seguridad, pasó a ser comunitario. Los reguladores nacionales o desparecieron o, en el caso de sectores como el energético o el digital, quedaron sometidos a las regulaciones, directivas y acuerdos de la UE.

Hace treinta años, la Unión estaba inmersa en una profunda crisis cambiaria y contaba con doce Estados miembros. Treinta años más tarde, el MI ha sobrevivido a varias crisis, incluyendo una financiera y de deuda, así como una pandemia, y ha pasado a incluir 27 miembros tras absorber varias ampliaciones y superar con éxito el Brexit. 

Los primeros años del MI fueron testigos de una intensificación de los patrones comerciales entre Estados miembros. Tres décadas después, si bien el peso de las importaciones intracomunitarias ha disminuido desde finales de la década de 1990, cuando se aceleraron las tendencias de globalización, el comercio intracomunitario representa, todavía, casi el 60% del comercio total de bienes. Y esto a pesar del elevado grado de apertura comercial de la UE y de su fuerte dependencia de las importaciones de energía.

Medir el impacto del MI sólo en términos comerciales no haría justicia a su esencia, por lo que es necesario referirse a su impacto sobre el PIB de la Unión y a su papel como potenciador de la integración europea. Con respecto al primero, estudios recientes sugieren que la reintroducción de las barreras arancelarias y no arancelarias aumentaría los costes comerciales de la Unión en más de un 13%, y el PIB de la UE sería casi un 9% menor. En el caso concreto de España, las simulaciones apuntan a una caída comparable de la producción, mientras que sus importaciones de la UE se reducirían en un 28%.

Entrar a formar parte del mercado interior europeo permitió a España hacer frente a la competencia de dos gigantes como China y la India, que han multiplicado por más de 20 veinte veces sus exportaciones desde 1985. Las empresas españolas han podido acceder al mayor mercado de consumo del mundo sin barreras, mientras las empresas chinas, indias y no europeas tenían que enfrentar barreras arancelarias y no arancelarias para vender en el MI.

Gráfico 1. Exportaciones españolas de bienes

Fuente. Reserva Federal de Sant Louis

En el gráfico 1 se observa que España ha multiplicado por diez veces sus exportaciones desde 1986, seis veces descontando el efecto de la inflación. Y en el gráfico 2 se puede comprobar que eso ha sido posible triplicando el salario por hora trabajada. Como hemos discutido más arriba, sin la entrada en el MI ni nuestras exportaciones –dos tercios de las cuales se dirigen a nuestros socios europeos– ni nuestros salarios hubieran crecido tanto. 

Gráfico 2. Salario por hora trabajada en España

Fuente: Reserva Federal de Sant Louis

Con respecto al impacto del MI en el proceso de integración europea, los ejemplos serían numerosos, pero quizá baste con algunos hitos. En primer lugar, la construcción del propio mercado común introdujo la sustitución de una miríada de impuestos indirectos nacionales por el impuesto sobre el valor añadido (IVA). En segundo lugar, ¿se puede entender el programa ERASMUS y la creación del espacio europeo de enseñanza superior (Bolonia) sin la libertad de movimiento de personas? 

En tercer lugar, aunque es bien sabido que la unión monetaria entrañaba una visión política mucho más ambiciosa, no cabe duda de que sus objetivos inmediatos eran eliminar las fricciones a las cuatro libertades asociadas a la existencia de distintas monedas y autoridades monetarias dentro del MI. En cuarto lugar, aunque incompleta, la Unión Bancaria representa posiblemente el avance integrador más importante de la última década, que se fundamenta, entre otros, en el artículo 114 del Tratado, sobre la aproximación de las legislaciones nacionales para establecer el MI. Para finalizar, y por poner un ejemplo reciente, es ese mismo artículo 114 la base legal del reglamento propuesto por la Comisión para facilitar el desarrollo y producción de tecnologías industriales con emisiones cero.                               

Mirando al futuro, la cuestión es si el artículo 114 del Tratado será suficiente para enfrentar los retos a los que se enfrenta la Unión, muchos de los cuales trascienden el propio MI, y van desde la política de defensa y exterior (¿cuál es el papel que debe jugar Europa en el nuevo orden multipolar?), al federalismo fiscal, pasando por la coordinación de los sistemas de salud o de los programas de protección social. Sin olvidar, además, el impulso a la transición climática y la adaptación a la nueva era digital y tecnológica. 

Mientras que algunos de los factores implicados en estos procesos de integración se beneficiarían de una mayor eficiencia económica, lo que va en el ADN del MI, otros factores exigen avances en políticas que afectan de forma especial a la equidad. En este sentido, es necesario preguntarse hasta qué punto los tratados actuales proporcionan los instrumentos adecuados para ello. 

José Carlos Díez es director de ORFIN y Carlos Martínez Mongay es ex director general adjunto en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. 

Inestabilidad en los mercados, crédito y empleo

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La quiebra del Silicon Valley Bank ha provocado un tsunami financiero de una magnitud no registrada desde 2008. Los precios de los activos con riesgo han caído y los inversores han buscado refugio en la deuda pública. El contagio ha cruzado el Atlántico y el Credit Suisse ha tenido que solicitar una línea de financiación extraordinaria de 54 000 millones de dólares al Banco Central de Suiza. Es un banco que llevaba años con problemas, pero sin duda es una señal de tensión en uno de los principales bancos europeos. Las primas de riesgo de bonos corporativos han aumentado con fuerza esta semana, aunque siguen en niveles previos a la pandemia y muy lejos, aún, de sus máximos de 2008.

El problema es que esta tensión ha cerrado los mercados primarios de capitales y eso dificulta tanto la refinanciación de las deudas ya existentes como la emisión de nueva deuda para financiar nuevos proyectos de inversión que son necesarios para crear nuevos empleos. Esta situación puede durar días o unas pocas semanas, pero si se prolonga más de un mes la crisis financiera se contagiará a la economía real. 

En este escenario, es sorprendente que el Banco Central Europeo (BCE) haya decidido subir los tipos de interés en su reunión del jueves. La tensión en los mercados supone una restricción al crédito europeo y menor crecimiento e inflación futura. Si suben los tipos, la demanda de crédito será aún menor y el impacto sobre el PIB y el empleo, mayor. La sorpresa es aún mayor cuando hemos conocido las nuevas previsiones de inflación del BCE. Como se observa en el gráfico posterior, la autoridad monetaria espera una intensa caída de la inflación hasta aproximarse a su objetivo de estabilidad de precios en los próximos seis meses, y sus previsiones son de menor inflación que las anteriores de diciembre. 

Fuente: Banco Central Europeo

Con una economía estancada, flirteando con la recesión, las expectativas de inflación disminuyendo e inestabilidad en los mercados financieros, es incomprensible la subida de tipos del BCE, y nada menos que de 50 puntos básicos. ¿Va a volver a ser procíclico el BCE, como en 2008, provocando más inestabilidad financiera, mayor desempleo y más deuda pública en la Eurozona? ¿No aprendieron nada de sus errores en la crisis anterior? 

El BCE controla los créditos a corto plazo del sistema bancario para influir en los tipos a largo plazo, condicionar las decisiones de inversión y empleo, y conseguir su triple objetivo: pleno empleo, estabilidad de precios y estabilidad financiera. Los inversores tienen una interpretación totalmente opuesta y, en la última semana, tanto los tipos interbancarios de corto plazo como los tipos de la deuda pública a un año han caído con fuerza. Por lo tanto, realmente en Europa los tipos de interés bajaron la semana pasada. Solo han subido los que el Banco Central cobra a los bancos en sus subastas. Los tipos oficiales del BCE subieron al 3,5 % y la letra del Tesoro del Gobierno alemán a un año cotizaba ese día al 2,75 %, versus el 3,75 % al que estaba una semana antes.

El sistema financiero mundial se ha globalizado con cuasiperfecta movilidad de capitales y España se ha integrado en el euro. Por lo tanto, nuestros bancos también registran caídas en bolsa, aunque no con la misma intensidad que el Credit Suisse y las entidades más afectadas. No obstante, conviene explicar varias diferencias de nuestro sistema bancario actual con el de 2007. La principal es que la deuda de las familias y empresas se ha reducido unos 30 puntos de su renta disponible, lo cual tiene muchas implicaciones sobre los balances de las entidades. El desapalancamiento ha sido especialmente notable en el sector de la construcción, de la promoción de viviendas y de hipotecas, y no existe la excesiva concentración que había en la anterior crisis en ningún sector.

Fuente: Boletín Estadístico Banco de España

En el gráfico anterior, se dibuja una serie muy larga del diferencial de depósitos sobre créditos, se observa el principal cambio de 2023 con respecto a 2007. Hasta nuestra entrada en el euro en 1999, nuestros bancos siempre habían tenido más depósitos que créditos. Sin embargo, el euro permitió a nuestros bancos acceder a los mercados de capitales en las mismas condiciones de cantidad, plazo y tipos de interés que los bancos alemanes o franceses. Eso provocó un cambio de paradigma y, en 2008, los bancos españoles habían concedido 450 000 millones más de créditos que su base de depósitos.

Esa diferencia se financió emitiendo bonos; la mayoría cédulas y titulizaciones con garantía hipotecaria. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos provocó el colapso de esos mercados, y nuestros bancos se vieron forzados a reducir su base de crédito ya que no la podían financiar. Esto ayuda a explicar la intensa destrucción de empleo en la crisis de 2008. Ahora la banca española vuelve a tener 200 000 millones más de depósitos que créditos. Eso supone un fuerte dique de contención para que el crédito a empresas y familias no se vea afectado por la tensión en los mercados, como sucedió en 2007. Cuando un cliente solicite un crédito a un banco, el departamento de riesgo analizará su capacidad para devolverlo. Si el análisis es satisfactorio, el banco tiene recursos propios de depósitos para financiarlo. 

Fuente: Tesoro público

Otro cambio radical de la situación de nuestro sistema bancario ahora con respecto a la crisis de 2008 es su exposición a la deuda pública. En el gráfico anterior se observa que en 2012, cuando el Gobierno español se vio forzado a solicitar un rescate al Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), la banca española tenía en su balance 200 000 millones de deuda pública, el 30 % del total de deuda emitida. A cierre de 2022, en los balances de los bancos españoles había 169 000 millones de deuda pública española, el 13,7 % del total. En 2012, el Banco de España tenía tan solo 30 000 millones de deuda pública española en su balance, el 4,6 % del total. Los planes de compra de deuda aprobados por el BCE se han implementado a través del Banco de España y ahora tienen 413 000 millones, el 33,5 % del total. Los tipos de la deuda pública han estado en negativo durante muchos años y la banca española, con buen criterio, decidió reducir su exposición a la deuda pública.

En la última semana, el mayor temor de los inversores son las carteras de deuda en los bancos a tipos negativos o próximos al 0 %, que tras las subidas de tipos han caído de precio y las entidades tienen minusvalías latentes. Es cierto que en Europa se pueden valorar esos bonos en las carteras a vencimiento por cupones, como los créditos, y no a precios de mercado. Y que la deuda pública es 100 % líquida en el mercado interbancario y, en última instancia, en el BCE. Además, la exposición de los bancos españoles es muy inferior a la de 2012. 

La cátedra ORFIN se creó para analizar la estabilidad financiera y vemos la tensión en los mercados con preocupación. Las crisis financieras siguen dinámicas similares a las de los huracanes y son impredecibles. Seguiremos comentando en este blog la evolución de esta crisis. Pero hemos creído oportuno explicar estas grandes diferencias en la actualidad con la crisis de 2008. La tensión en los mercados no tiene canal de contagio directo al crédito y al empleo, gracias a que nuestras entidades tienen más depósitos que créditos. Como recomendaba el premio Nobel de economía en la crisis de 2008, en España, de nuevo, tenemos banca aburrida, sin exposición a los mercados de capitales. Y la excesiva dependencia que había entre la deuda pública y el sistema bancario se ha reducido significativamente, en gran medida por las compras masivas de deudas del BCE desde 2012 y, especialmente, en 2020 y 2021, durante la pandemia. 

No obstante, sería recomendable que el BCE diera prioridad a la estabilidad financiera para no cometer los mismos errores que cometió en 2008. El Gobierno español debería eliminar el absurdo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca. No estaba justificado cuando se anunció, como subrayamos en este informe del ORFIN, pero ahora con los tipos del Euríbor más bajos tiene menos sentido aún. Y es necesario mandar mensajes nítidos a los inversores de estabilidad presupuestaria. 

La deuda pública ha aumentado significativamente desde 2007 y, como venimos advirtiendo en esta cátedra desde nuestro nacimiento en 2020, es la principal amenaza para la estabilidad financiera en España. En 2024 habrá que cumplir de nuevo el Pacto de Estabilidad y tener un déficit público inferior al 3 % del PIB. El déficit cerró 2022 próximo al 4,5 %, y en el programa de estabilidad que el Gobierno tiene que enviar a Bruselas antes del 30 de abril debería incluir una senda de cumplimiento de ese objetivo, con medidas concretas y creíbles para conseguirlas. 

José Carlos Díez es el director del ORFIN

La economía española dilata su recuperación

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La “Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 del Reino de España” supuso un jarro de agua fría sobre las expectativas de crecimiento, menos optimistas pero más realistas, tras un primer trimestre peor de lo esperado. El relato económico de la pandemia es conocido: el PIB español fue el segundo más dañado de la UE en el período 2020-2021, solo después de Grecia, y su tasa de paro es de las más elevadas de la UE, a pesar de la evolución positiva. La causa está directamente ligada a un modelo productivo hipertrofiado que no parece haber reaccionado a la velocidad requerida y que, por si fuese poco, la guerra en Ucrania ha venido a ralentizar. 

El Gobierno ha recortado la previsión de crecimiento del 7% al 4,3% y, pese a haber rebajado la tasa de paro desde el 16% al final de 2020 hasta el 12,8% este año, la inflación se situará este ejercicio por encima del 6% –lejos del ansiado 2%–, que aún tardará en llegar. En este mismo escenario macroeconómico, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, augura una caída del déficit público hasta el 5%, algo más de un punto superior al 3,9% que estima para 2023, lo que hace inevitable un proceso de consolidación fiscal que ajuste el déficit estructural crónico que padece la economía española, consecuencia de unos ingresos inferiores a la media y no tanto por un exceso de gasto público. La Comisión Europea apuesta por mantener un año más las reglas fiscales en suspenso, pero convendría ir preparando el terreno. En realidad, España ya había llegado a la pandemia con niveles altos de déficit y deuda, lo que explica el escaso margen relativo que tuvo para desplegar políticas de gasto en los peores momentos.

Teniendo en cuenta que el PIB español cayó un 10,8% en 2020, de cumplirse estas previsiones, y en línea con las estimaciones del Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y otros organismos nacionales e internacionales, el Gobierno habría renunciado a recuperar lo perdido este año y lo vuelve a relegar hasta mediados de 2023, algo que no ha sucedido en los países europeos más avanzados, que han recuperado su nivel de PIB prepandemia hace meses. La ecuación –como lo es el relato económico de la pandemia– también es conocida: España gasta de manera estructural más de lo que ingresa, su productividad es baja y mientras no se afronte un nuevo modelo productivo que dependa menos de los servicios de bajo valor añadido y apueste de manera decidida por la industria del siglo XXI y servicios de vanguardia, no parece que nada sustancial cambie. Más aún cuando el grueso de las reformas estructurales siguen pendientes, a pesar del avance en el terreno laboral. Es evidente que un modelo económico no se cambia en una legislatura, ni siquiera en dos, pero las bases sí se pueden empezar construir. 

Con este panorama nacional, lo que se ve fuera no es más halagüeño.La economía norteamericana parece haber entrado ya en un cambio de ciclo, lo que está ocurriendo en Shanghái con la política de Covid cero introduce mayor incertidumbre y no permite estabilizar las cadenas de valor, y el conflicto en Ucrania pone a Europa ante una tesitura difícil de abordar, con una inflación desbocada y sistémica. Esto traerá, en breve, cambios en la política monetaria, que se traducirán en un incremento de los tipos de interés, tanto para el sector público como privado, como ya ha anunciado el BCE, con las implicaciones que ello tiene. La vieja disyuntiva entre inflación y desempleo vuelve a estar de actualidad, agravada, si cabe, por el impacto que podría tener sobre las cuentas públicas la actualización de las pensiones. Seguramente se deba renunciar a este objetivo y, al igual que se exige a los trabajadores llegar a un pacto de rentas y a los empresarios a otro de precios, los pensionistas con mayor capacidad adquisitiva tendrán que llegar a un pacto de pensiones que signifique una actualización incompleta de su pensión.

Si se consigue reducir la espiral inflacionista y situarse en el entorno del 2%, como apunta el Programa de Estabilidad, se frenaría la erosión en el poder adquisitivo de los ingresos y el ahorro, al tiempo que sobre la competitividad de las empresas, lo que permitiría avanzar sobre la hoja de ruta prevista. Pero si esto no sucede, el cliff effect (o efecto acantilado) ante el que se sitúa la economía española comienza a ser peligroso. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió de que se produciría este efecto cuando se retirasen los estímulos ligados a la pandemia: “todas las ayudas deben ser revisadas cuando sea posible y evitar que al retirarlas haya bancarrotas, pérdidas de ingresos o impagos”, pues en caso contrario, un viento repentino sería capaz de desequilibrar todo. Las piezas deben ir encajando y el cambio que se propugna no debe producir consecuencias desproporcionadas negativas sobre los sectores maduros. Los fondos Next Generation, a los que parece haber eclipsado la guerra, siguen su curso, y de su gestión y capilaridad depende, en buena parte, la recuperación de la economía española.  

Desde el Ministerio de Economía insisten a Bruselas que “las licitaciones de proyectos de obras públicas y la formación bruta de capital fijo se materializarán en forma más sostenida en el tiempo por lo que los efectos macroeconómicos se dilatarán hasta 2025 y las subvenciones y transferencias al sector privado permitirán intensificar el impacto a partir del segundo trimestre de 2022”. Una nueva patada hacia delante a la recuperación y a los efectos positivos que se esperan del llamado “Plan Marshall europeo”, si bien, las rigideces y lentitud que han marcado su desarrollo siguen aconsejando una cierta cogobernanza con las comunidades autónomas, mayor agilidad en su ejecución y transparencia. De cómo esto se haga va a depender que la economía española ponga un pie en el aire sobre el mar o regrese a caminar en la zona más sólida del acantilado. Porque no todo está al albur de lo que decida Putin.

María Cadaval es profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del Consejo Asesor del ORFIN

Efectos macroeconómicos de la invasión de Ucrania

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“Las guerras para un economista son siempre un dilema del prisionero”, como lo definió el Nobel John Nash, protagonista de la película Una mente maravillosa. El juego no es cooperativo y las dos partes pierden. En 2007, en la Conferencia de Seguridad de Munich, Vladímir Putin mostró su plan expansionista para recuperar el área de influencia rusa durante la Guerra Fría y esa posición hace casi imposible la cooperación. Forzar que Ucrania se aproxime a la Unión Europea también nos aleja de una solución cooperativa. Se podría haber planteado para Ucrania una posición neutral, como la de Finlandia, pero tras la invasión de Crimea en 2014 y la actual parece muy complicado alcanzar ese estatus.

La economía ucraniana es la que sufrirá la mayor devastación, como ya es visible por el destrozo físico y el éxodo de población : –más de dos millones de personas, según los datos de ACNUR– y que han sufrido. La economía rusa será la segunda más perjudicada por las sanciones aplicadas por la comunidad internacional. Rusia debe asumir que su plan expansionista tiene costes para su población. De lo contrario, Putin no pararía hasta ejecutar su plan y buena parte de Euroasia estaría bajo la amenaza permanente de Moscú.

Vladímir Putin llegó al poder por una depresión económica, en medio de una crisis financiera, bancaria e inflación galopante. Este mismo escenario lo tendrá que gestionar, de nuevo, el próximo año. En mayo del año 2000, cuando fue nombrado presidente, el rublo cotizaba por debajo de 30 contra el dólar. La pasada semana llegó casi a 120 y este lunes pasado escaló hasta los 137. Aunque le ha beneficiado la subida de los precios de las materias primas, la economía rusa sigue siendo cinco veces menor que la de Estados Unidos y la renta por habitante promedio de Rusia es un 60% inferior a la de un estadounidense. Eso no ha cambiado mucho con respecto a la Unión Soviética. Lo que sí ha cambiado (a peor) es que la desigualdad y la concentración de riqueza en pocas manos han aumentado considerablemente en la Rusia de Putin.

El mayor impacto de la invasión de Ucrania sobre el resto del mundo es, principalmente, a través de los precios de las materias primas. Los precios del gas han alcanzado un nuevo máximo histórico, próximo a 200 euros/megavatio. El equivalente en petróleo sería 350 euros por barril. Antes de la pandemia, los precios del gas estaban por debajo de 50 euros. Está por ver cuánto dura la invasión y cuánto bajan los precios cuando termine. Pero la Comisión Europea ya elevó su precio de equilibrio del gas antes de la invasión a 60-80 euros, y es muy probable que después se sitúe por encima. 

A esto hay que sumarle el petróleo. El 70% del petróleo ruso está retenido por las sanciones y el resto se vende con un descuento de 30 dólares por barril. Veremos dónde se equilibra esto y cuánto petróleo adicional pone Arabia Saudí en el mercado. No obstante, es muy probable que el precio del crudo sea mayor tras la invasión. Rusia también es un gran exportador de minerales: paladio, aluminio, níquel o cobre. Ucrania es uno de los graneros del mundo, sobre todo de trigo, maíz y girasol. Los índices de precios de materias primas han superado los máximos de 2007. Seguramente lo más preocupante es la subida de los precios de los alimentos, que en buena parte del mundo supondrán hambrunas, crisis sociales, políticas y, seguramente, más guerras.  

El mayor impacto de los precios energéticos será sobre Europa, que ya era la economía que menos crecía antes de la invasión, lo que explica que Bruselas haya decidido no sumarse a la suspensión de las importaciones de petróleo, gas natural y petróleo anunciadas por Estados Unidos. Alemania ya estaba en estanflación en el segundo semestre de 2021 y el impacto de la invasión intensificará sus efectos sobre la caída del PIB y sobre la inflación. Alemania concentra el 30% del PIB de la eurozona y su crisis tendrá un fuerte efecto arrastre sobre las exportaciones del resto de países, incluidas las españolas. El mayor riesgo es que un ataque reviente el gasoducto que pasa por Ucrania desde Rusia, lo que podría derivar en  precios más altos y mayores problemas de suministro, especialmente para la industria alemana. 

EEUU creó casi 700.000 empleos en febrero y tiene producción nacional suficiente de petróleo y gas para satisfacer su demanda interna. Tendrán más inflación, la Fed subirá los tipos y su crecimiento será mejor, si bien es cierto que aún están lejos de caer en la estanflación. China tiene menor crecimiento y su gobierno acaba de mantener una previsión del 5,5% para este año. Además, ha anunciado políticas fiscales expansivas y el banco central ha bajado los tipos y los coeficientes de reservas bancarias. La inflación en China, misteriosamente, sigue en el 0,9% anual en enero de este año. 

En el caso francés, Macron está en campaña y ha anunciado ya un plan de estímulo fiscal. Comete el mismo error que Mitterrand en 1981, que tuvo que rectificar pocas meses después. Ante un shock de oferta provocado en el exterior sobre variables que no se pueden controlar, como es el gas ahora o fue el petróleo en los años setenta, las políticas fiscales y monetarias expansivas aumentan la inflación y provocan más estancamiento o recesión y destrucción de empleo. Por eso, en los años setenta costó muchos años entenderlo y supuso  decenas de millones de desempleados que se podrían haber evitado. 

Una subida de los precios de importación tan brutal solo permiten dos opciones de política económica: empobrecerte ordenadamente o desordenadamente. El BCE va muy retrasado y, seguramente, tendrá que subir tipos antes de lo previsto y más de lo que anticipan los mercados. Y se puede y se debe suavizar el ajuste fiscal previsto para 2023, pero sería un error aumentar los déficits públicos como hicimos durante la pandemia. Recordemos que, en 2020, los precios de las materias primas se hundieron y ahora están por las nubes. 

España crece más que sus socios europeos, pero los datos de empleo de enero y febrero ya indican desaceleración. Los datos de ventas de la agencia tributaria en 2022 están casi estancados y por debajo de los niveles en los que finalizó 2021. En otras palabras,  la economía se ha frenado, aunque aún no está en estanflación como Alemania. En 2021, el Gobierno fue prudente y redujo significativamente el déficit público; por ello, ahora bastaría con contener el gasto para llegar a un equilibrio primario en 2023. Recordemos que la inflación aumenta la recaudación por IVA e IRPF.

Con una política fiscal neutral y subidas de tipos, el mayor riesgo para España sería un nuevo episodio de inestabilidad financiera como sucedió en 2010. Ahora nuestro sistema bancario está bien capitalizado, incluso con exceso de provisiones de 2020, aunque la subida de inflación tendrá un impacto negativo sobre la morosidad. El riesgo es menor, pero no por ello menos preocupante. En este sentido, es determinante que España alcance un pacto de rentas para contener los precios domésticos y los salarios. No obstante, igual que sucedió en 1977 en los Pactos de la Moncloa, la política ocupa el espacio de la patronal y los sindicatos, que deben ser los que protagonicen, y lejos de ayudar, hace menos probable el pacto. Recordemos que en 1977 los sindicatos no firmaron los Pactos de la Moncloa,aunque sí sirvieron para dar una potente imagen de unidad de los partidos políticos y facilitó aprobar la Constitución, clave para entrar en la Unión Europea y que permitió el mayor periodo de democracia y estabilidad de nuestra historia desde 1492.

No obstante, el  pacto de rentas en España parece muy poco probable. Los sindicatos han exigido indexación de salarios a sorpresas de inflación pasada, que es precisamente la principal causa de la estanflación y de la grave crisis de los años setenta. En España, subió más el desempleo y duró más tiempo en comparación con nuestros socios europeos. Pero, además, los representantes de los trabajadores han exigido negociar la subida mínima del salario a partir del 3,5% que el Gobierno aprobó, por decreto, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) el pasado mes. Es clave que la subida esté referenciada a la inflación subyacente prevista y que los incrementos  adicionales vayan asociados a mejoras de productividad de las empresas. Por su parte, las empresas deben comprometerse a subir moderadamente los precios y canalizar las no subidas salariales para mantener la inversión y la creación de empleo. 

Los errores de comunicación de la presidenta del BCE el pasado mes han provocado un aumento de las primas de riesgo europeas, principalmente de Grecia, que ya está de nuevo por encima de la barrera de 200 puntos básicos. También Italia está próxima a esa barrera; España está en 100 puntos básicos. No obstante, si las primas de riesgo vuelven a aumentar, sería equivalente a una política monetaria más restrictiva e intensificaría los efectos estanflacionistas. Por eso, la prioridad de la política económica en España (incluyo al BCE) es mantener estable la prima de riesgo. Eso implica una política fiscal prudente y un pacto de rentas consensuado en el diálogo social.

Otro efecto a medio plazo que tendrá impacto negativo sobre la sobre la estabilidad macroeconómica global es que el mundo de nuevo se ha partido en dos:EEUU Europa y Japón, por un lado, y China y Rusia, por otro. Hasta 2008, China, Japón y Asia ahorraban, y EEUU consumía y se endeudaba. Si hay más restricciones a la movilidad del capital, el tipo de interés neutral mundial será mayor. Si sumamos que los bancos centrales se verán forzados a parar sus compras de deuda e, incluso, a reducir el tamaño de sus balances, eso aumentará aún más el tipo de interés neutral. La deuda mundial es, ahora, superior  a la de 2008 y con tipos neutrales más altos, el riesgo de inestabilidad financiera es más mayor. Recordemos que tras la crisis energética de 1979, la Fed sobrereacionó subiendo los tipos de interés, apreció el dólar y provocó la crisis de deuda emergente que afectó a más de 40 países en 1982. 

Esta crisis los economistas la conocemos bien y sabemos qué medidas aplicar y qué errores no hay que cometer. Como nos enseñó el Canciller alemán Adenauer, “la historia es la suma de todas aquellas cosas que se hubieran podido evitar”.  

José Carlos Díez es director del ORFIN  

20 años del euro: logros y retos pendientes

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Este mes se cumplen 20 años de la introducción del efectivo de billetes y monedas de euro en la Unión Europea, si bien la moneda europea común -conocida como ecu- nació tres años antes, con la cotización en los mercados financieros internacionales. Hoy es la divisa oficial de unos 340 millones de personas en 19 países y la segunda más utilizada en todo el mundo, aunque a considerable distancia del dólar.

La confianza de los mercados en el euro se refleja en su cotización en relación al dólar, ya que la divisa europea ha experimentado una revalorización del 26,2% desde su lanzamiento y actualmente se mantiene por encima de 1,13 dólares, a pesar de que en 2021 se haya depreciado un 6%, debido fundamentalmente a la política opuesta que mantienen el BCE y la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a los tipos de interés. Así, mientras que el BCE se ha comprometido a no subir tipos en 2022, la Reserva Federal anticipa tres subidas en este año.

Este progresivo fortalecimiento de la moneda europea frente a la estadounidense ha marcado ciertos hitos. El 15 de julio del 2008 alcanzó un cambio de 1,6038 dólares, en plena crisis financiera, poco antes de la caída de Lehman Brothers. l 15 de septiembre de ese mismo año, cuando quebró Lehman, cerró a 1,4264 dólares.

Posteriormente, la cotización del euro se ha ido erosionando gradualmente hasta los 1,13 dólares en la actualidad. Las causas han sido el debilitamiento de las economías europeas en la Gran Recesión de 2008, la crisis de la deuda soberana de la eurozona, la introducción de políticas de expansión cuantitativa por parte del BCE -entonces liderado por Mario Draghi-, el Brexit y, finalmente, el impacto de la pandemia de la COVID-19 durante casi los dos últimos años.

Durante este período de vida del euro, los precios han ido aumentando anualmente, excepto en 2014, 2015 y 2020 (gráfico 1), con una inflación acumulada desde diciembre de 2001 hasta diciembre de 2021 del 49,3%. Sin embargo, entre 1981 y 2001, la inflación acumulada fue del 206,8%, y entre 1961 y 1981, del 784,6%. Así, la inflación media en España en estos últimos 20 años ha sido del 2%, mientras que la de los 20 años anteriores a la entrada del euro era casi del 10 %, por lo que se ha reducido cinco veces. Por tanto, para España, el euro ha supuesto una indudable disciplina y control de precios que ha permitido aumentar la competitividad de nuestra economía.

Gráfico 1: Evolución de tasa de variación anual del IPC, 2001- 2021

Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IPC

Gracias al euro, la economía española se ha beneficiado de la convergencia nominal, esto es, la aproximación de las magnitudes que miden el grado de estabilidad macroeconómica entre los diferentes estados miembros. Así, además de una menor tasa de inflación, la economía española ha podido tener ventajas por la reducción de los tipos de interés, la desaparición de la volatilidad de las divisas y el gran aumento de la entrada de capitales. Todo ello desencadenó una década de gran crecimiento económico en todos los países que compartimos la divisa del euro.

Asimismo, la integración comercial y financiera ha sido un proceso exitoso, ya que los flujos comerciales y financieros con los socios de la Unión Europea también han aumentado. El comercio de España con la UE en 1995 era del 25% del PIB, en 2001 -justo antes de la entrada del euro- del 30%, y en la actualidad se sitúa en el 36% del PIB.

Sin embargo, tras 20 años de la llegada del euro, aún queda pendiente el reto de la convergencia real. La aproximación de los niveles de renta per cápita entre los Estados miembros aún está lejos de ser una realidad (gráfico 2). Los 19 países que en la actualidad conforman la zona euro, en general, han experimentado incrementos de su renta per cápita en estas dos décadas, habiendo aumentado de media un 8,6% desde 2001 hasta 2020 (año en que se debe, además, considerar el efecto negativo de la pandemia de la COVID-19).

Gráfico 2: PIB per cápita (euros) en países de la zona euro (2001 y 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

Las diferencias entre los distintos países en términos de renta per cápita se han suavizado ligeramente, principalmente por el aumento experimentado en países del antiguo bloque del este como Lituania (con crecimiento del 150%), Estonia (con un aumento del 86,7%) y Eslovaquia (con incremento del 88,3%). Sin embargo, estos países aún se sitúan lejos de los 29.290€ de renta per cápita media de la zona euro en 2020. Del mismo modo, en el espacio de moneda común coexisten Luxemburgo o Irlanda, con rentas per cápita de 82.250€ y 62.980€ en 2020. Estas mismas diferencias subsisten cuando se analiza la productividad y competitividad de las economías.

En definitiva, la historia del euro es la de un proceso de éxito aún sin culminar. España era una de las economías más rezagadas de la UE y la introducción del euro nos dio estabilidad macroeconómica y permitió atraer inversiones que propiciaron el desarrollo de nuestra economía. Sin embargo, en un entorno globalizado, la zona euro ha de aspirar a culminar el proceso de integración entre los países miembros, para lograr la convergencia real. Ello pasa, en el ámbito europeo, por otorgar un mayor peso de las instituciones europeas y por dotarse de una fiscalidad más homogénea y cohesionada, en línea con los pasos dados con la emisión, por primera vez, de deuda conjunta para financiar el Plan de Recuperación y Resiliencia para mitigar el impacto de la COVID-19.

Mónica Melle
Profesora titular de Economía Aplicada de la UCM y miembro del Consejo Asesor del ORFIN

¿Qué son las tecnologías RegTech y SupTech?

Posted on by roberto

La respuesta sencilla es que estas tecnologías son la llave de la colaboración entre banca y entidades supervisoras. Pero vayamos poco a poco. En la actualidad, dentro de las nuevas tecnologías disruptivas, las relacionadas con el sector bancario sigue dando de qué hablar, en especial las fintech y otras empresas startups derivadas como las regtech o las suptech. Pero, ¿qué quieren decir estos conceptos?

Regtech

Se considera como una subcategoría de las famosas fintechs cuyo nombre proviene del término en ingles de regulatory technology. Se trata de empresas tecnológicas cuyo objetivo consiste en mejorar los parámetros de cumplimiento normativo. El estallido de las empresas regtech fue posterior al 2007-2008. Ante la crisis financiera, los reguladores vieron la necesidad de crear nuevas regulaciones más estrictas y dinámicas. De esta manera, ante la perspectiva de regulaciones como la GDPR y PSD2, y el creciente avance tecnológico las instituciones financieras han ido apelando a las regtech.

Las principales tecnologías utilizadas por las regtechs deben estar basadas en la nube, puesto que es la única forma de proporcionar agilidad y flexibilidad. A partir de ahí, todas las tecnologías que faciliten el análisis eficiente de información son susceptibles de ser utilizadas, las más comunes son: big data, inteligencia artificial o blockchain.

Pero, ¿cómo funciona una solución regtech? Como hemos dicho anteriormente, las regtech ayudan a empresas a operar dentro del marco legal. Por lo tanto, no existe un solo tipo de regtech, su funcionamiento dependerá de a qué áreas regulatorias se intenta dar solución, no es lo mismo el tener que responder al cumplimiento de las normativas de conocer a tu cliente KYC (know-your-customer) que a las que operan contra el blanqueo de dinero AML (anti-money laundering).

Se debe tener en cuenta que el cumplimiento regulatorio es una de las principales cargas en tiempo y coste para las entidades financieras. Desde este punto de vista, las soluciones regtech ofrecen como principal beneficio para las entidades financieras una potencial reducción significativa de costes y esfuerzos. Por último, en la actualidad las entidades financieras españolas ya utilizan diferentes herramientas tecnológicas para cumplir con los requerimientos regulatorios. Sin embargo, lo diferencial en las regtech es su propuesta de nuevas tecnologías que permiten mejorar la agilidad, flexibilidad, velocidad y precisión de la información. Por lo que es muy probable que veamos que las entidades financieras en su totalidad utilicen este tipo de soluciones, no sólo por el crecimiento del ecosistema, sino porque las grandes instituciones también están adoptando las tecnologías que utilizan las regtech.

Suptech

Por otro lado, las suptech (supervisory technology) son la aplicación de tecnologías regulatorias para supervisores. Es decir, las regtech ayudan a las entidades bancarias a cumplir con el marco regulatorio y las suptech agilizan el proceso en las agencias regulatorias como por ejemplo el BCE. Podríamos decir entonces que las suptech son la contraparte de las regtech. Por lo tanto, las grandes características de este tipo de tecnología son:

  • Automatizar reportes, informes u otros tipos de gestión de datos.
  • Facilitar la vigilancia del mercado y simplificar el monitoreo en tiempo real.
  • Evitar operaciones sospechosas, uso indebido de información confidencial.
  • Identificar riesgos en las instituciones financieras.

¿Qué impacto tienen estas nuevas tecnologías en el sector bancario?

La aparición constante de nuevos actores en el sector financiero lleva a nuevos riesgos que deben ser monitoreados y mitigados tanto por las entidades financieras como por los reguladores. La adopción de este tipo de tecnologías facilita la colaboración entre la banca y los supervisores. Sin embargo, las instituciones financieras están utilizando más este tipo de tecnología que los reguladores. Por lo general, los formatos que se envían a los reguladores están predefinidos y descentralizados (informes en distinto formato para diferentes regiones).

En conclusión, esperemos que el impulso dado por Andrea Enria -presidente del Consejo de Supervisión del BCE- alentando la mayor utilización por parte de los entes supervisores de este tipo de tecnología no caiga en saco roto. La adopción de la tecnología suptech podría disminuir los costes operativos e incluso podríamos ver menos multas para las instituciones financieras.

ORFIN

Lagarde da un golpe de mano ante el COVID19: en tiempos extraordinarios, acciones extraordinarias

Posted on by roberto

La crisis económica del COVID-19 se ha cebado con Asia, Europa y América; tres áreas que producen el 70% del PIB mundial. Esta pandemia sin precedentes en la historia reciente lo cambiará todo y va a marcar un punto de inflexión en las relaciones económicas, sociales y laborales. Al shock de oferta -que se originó como consecuencia de la parálisis en la fábrica del mundo, China- le seguirá el de demanda –es decir del gasto- y habrá de evitarse un shock financiero que podría derivarse de los problemas de insolvencia.

La decisión del gobierno de movilizar una cantidad ingente de recursos -equivalentes al 20% del PIB español- para amortiguar el impacto del virus se centró en cuestiones de carácter sociolaboral -para frenar los despidos masivos a través de una flexibilización y refuerzo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)- y financiero -que garanticen la liquidez del sistema-. 

En esta situación, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, pone en primer plano al sector financiero como el pilar fundamental que puede ayudar a amortiguar la caída y como la palanca que prepare a la economía para su futura recuperación. 

La situación de la banca española es hoy muy diferente de la de 2008 y las entidades financieras –que antaño fueron parte del problema- están llamadas a ser agentes principales de la solución.  Tras la inyección de liquidez inicial y el paquete de avales y garantías previstos por el Gobierno, faltaba un programa de acompañamiento europeo, que ha llegado. 

El necesario oxígeno europeo ante el COVID19

Hace más de una década que un nutrido grupo de economistas firmaron un manifiesto a favor de la creación de un mecanismo de mutualización de deuda, los eurobonos, a los que los países más ricos se opusieron. Ni siquiera aceptaron un reparto del excedente de deuda sobre el límite del 60% del PIB que marcaba el Tratado de Maastricht. Ha vuelto a quedar en evidencia que la zona euro carece de los instrumentos necesarios para garantizar una gobernanza económica supranacional más allá de un Mecanismo Europeo de Estabilidad mal dotado o un presupuesto comunitario anémico.

Pero algo se está moviendo y el Consejo de Gobierno del BCE que se reunió de urgencia la noche del miércoles 18 de marzo, tras una escalada de las primas de riesgo, abrió la puerta a una cierta mutualización de los riesgos de los que hemos hablado. Parece que ahora sí Lagarde ha asumido que el BCE está aquí para reducir las primas de riesgo y asegura que “el Consejo de Gobierno hará todo lo necesario para aumentar el tamaño de sus programas de compra de activos y ajustar su composición tanto tiempo como sea necesario y explorará todas las opciones para apoyar a la economía”.

El programa de emergencia está a la altura de las necesidades: 750.000 millones de euros que atenderá, esta vez sí, la compra de activos en función de las necesidades y no solo del peso relativo que cada país tenga dentro de la zona euro. No se llaman eurobonos, pero sí se aproximan bastante en una versión descafeinada. 

Están en juego ingentes cantidades de dinero que servirán para mutualizar, al menos temporalmente, los riesgos que les ha tocado asumir a las entidades financieras a la hora de inyectar esa liquidez que se les demanda y mantener el ciclo del crédito. Esta suerte de eurobonos que atenderán la compra masiva de bonos de organismos públicos y privados puede garantizar que fluya el crédito y contener el precio de la deuda, cuya subida sería letal para algunos países, entre ellos España.

Los planes del Gobierno español se han tornado un poco más creíbles tras este movimiento del BCE, que apuntala el sistema financiero y da aire a los países del área euro que esperan contener el crecimiento de la prima de riesgo. Porque ya lo dijo Lagarde, “en tiempos extraordinarios, acciones extraordinarias”.

María Cadaval

Miembro del Consejo Asesor del Observatorio sobre la Realidad Financiera

Un salvavidas económico contundente para encarar la peor crisis desde el crack de 1929

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El Gobierno español ha aprobado un plan de urgencia para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria en la economía. Nos enfrentamos a la peor crisis económica mundial desde la Gran Depresión. La caída del comercio mundial, del consumo privado y la inestabilidad financiera de las dos últimas semanas supera a lo vivido en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers. El mayor crecimiento de contagios este pasado martes se produjo en EEUU, Alemania, Francia y Canadá; cuatro grandes economías del G7 que seguramente tomarán medidas de cierre de ciudades similares a las que estamos tomando en España o Italia y que ya se tomaron en China y en otras zonas de Asia.

En este escenario de incertidumbre extrema, la intervención de los gobiernos es determinante para garantizar la estabilidad financiera y para mitigar los efectos del virus sobre el cierre de empresas y la destrucción de empleo. El jueves pasado ya analizamos las medidas extraordinarias adoptadas por el BCE para garantizar que las empresas y autónomos -que ven cómo sus ingresos han bajado exponencialmente, en la mayoría de los casos a cero- puedan acceder a líneas de liquidez para evitar la suspensión de pagos y el cese de su actividad.

El gobierno, con buen criterio, ha aprobado una batería de medidas para proteger a los trabajadores que pierdan su empleo, especialmente para las familias que queden en situación de vulnerabilidad. Si las ventas caen, será una recesión y habrá destrucción de empleo. Si las empresas y los autónomos se ven obligados a cerrar, despedirán a todos los trabajadores y habrá una depresión económica. Especialmente las pymes, que son las más vulnerables financieramente.

La medida más potente aprobada por el Consejo de Ministros es una línea de avales. Aún no sabemos los detalles que publicará el Ministerio de Economía en breve. Pero el decreto anticipa que incluirá financiación de facturas pendientes de cobro, diferimiento de pago de impuestos, pólizas de crédito a corto plazo y créditos a largo plazo.

Esta línea es complementaria con las medidas aprobadas por el BCE. Los bancos acudirán al banco central o usarán los depósitos de las familias para financiar créditos a pymes y autónomos. Varias entidades han anunciado líneas urgentes para atender la demanda de esos colectivos. Y, en caso de impago del crédito en el futuro, el gobierno compartirá un porcentaje de la pérdida. Es la misma medida que acaba de anunciar Ángela Merkel para las empresas alemanas y Emmanuel Macron para las francesas. Todo para evitar la quiebra empresarial por asfixia financiera.

La medida ayudará a que, cuando se acabe el cierre de nuestras ciudades y volvamos a nuestros hábitos de vida, las empresas y los autónomos estén en condiciones de mantener el mayor número de empleos que ahora están en expedientes de regulación temporales. Por lo tanto, en último término, las medidas extraordinarias del BCE y del gobierno son para proteger a las familias.

No obstante, muchos de nuestros hábitos cambiarán y tardaremos un tiempo en recobrar la nueva normalidad. Eso hace muy poco probable una recuperación en V y más probable una en U o en L. La buena noticia es que se ha anunciado un G20 extraordinario para la próxima semana, aunque el mundo necesita ahora que Trump se olvide de su América primero. Ángela Merkel acaba de aceptar en una Cumbre Europea extraordinaria estudiar que el fondo europeo MEDE emita hasta 400.000 millones para trasvasar a los Estados con problemas de liquidez.

La prima de riesgo italiana ha superado ya los 300 puntos básicos y, como se observa en el gráfico anterior, aumenta 40 puntos básicos cada día. Si Europa no actúa rápido, pronto estará en 500 puntos básicos, es decir, niveles de rescate. El problema es que Italia tiene diez veces más deuda pública que Grecia y no es rescatable. A la vez, las autoridades comunitarias deberían aprobar cuanto antes el Tesoro Único Europeo y que el plan de estímulo necesario para reducir la tasa de paro en 2021 se haga desde el centro y financiado con eurobonos. Eso permitiría que Europa tenga la misma capacidad que EEUU y China para luchar contra este maldito virus.  

José Carlos Díez

Director del Observatorio sobre la Realidad Financiera

El momento de activar el mecanismo europeo de estabilidad

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Es necesaria una línea de financiación y de avales públicos para evitar la crisis de miles de empresas de toda dimensión y generar un credit crunch en el sistema financiero. Sólo así se podrá evitar una crisis inminente de dimensiones desconocidas.

Hay que asumir que el déficit va a aumentar en cualquier escenario por la entrada en juego de los estabilizadores automáticos. Por ello, ahora lo fundamental es garantizar su financiación y ello corresponde al Banco Central Europeo.

Mientras, hay que salvar a la economía real como ya ha comenzado a hacer el gobierno alemán aprobando líneas de avales ilimitados.

En España y otros países de la zona euro la capacidad financiera y de endeudamiento es diferente a la alemana. De hecho, el Banco Alemán de Desarrollo -homólogo del ICO en aquel país- ha construido un buen escudo para que las entidades financieras de aquel país rieguen de liquidez la economía real sin riesgos. Ha dispuesto una línea de avales prácticamente ilimitada (500.000 millones de euros). En España no estamos en ese escenario, por lo que la financiación de fondo de estas medidas debería ser europea. Por ejemplo con cargo al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), y complementaria a otras muchas medidas.

Hay varios tipos de disposiciones necesarias:

  • Línea de financiación a empresas y autónomos que permita a pymes y autónomos financiar las pérdidas que van a asumir los próximos meses para poderlas distribuir en el tiempo. En este sentido, el sector bancario ya ha habilitado líneas de crédito por valor de 100.000 millones para pymes y autónomos. También son fundamentales los préstamos blandos concedidos por organismos públicos, como los 400 millones anunciados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) aunque en este caso sólo para el sector turístico, pero nada de esto evita que el BCE deba mover ficha. 
  • Línea de financiación de pago a proveedores, de avales a confirming de manera que se pueda garantizar que los flujos de pagos de clientes a proveedores, arrendatarios, y otros titulares de obligaciones que generan costes fijos o variables, no se interrumpen por la crisis. También para arrendatarios y otros agentes que puedan estar apalancados.

Esta es una de las principales medidas que habría que tomar para evitar el perjuicio a familias y empresas y poder contener los efectos más devastadores que causa una crisis sanitaria como las que está sufriendo nuestro país.

Observatorio de la Realidad Financiera.

¿Por qué el BCE inyecta más liquidez ante el coronavirus pero no toca los tipos de interés?

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Los inversores, como nos explicó hace casi 100 años John Keynes, toman decisiones por expectativas y son extremadamente procíclicos. En las fases expansivas, cuando el empleo crece, tienen niveles de aversión al riesgo mínimos y cuando llega la recesión y la destrucción de empleo se asustan y buscan protección en deuda pública y activos libres de riesgo. Este comportamiento del sistema financiero es una de las variables que ayuda a explicar que existan ciclos económicos.

Lo que hemos visto en la última semana no lo veíamos desde 2008. Las bolsas mundiales se han desplomado pero lo más preocupante ha sido el colapso de los mercados de bonos corporativos y monetarios. En 2008 ya aprendimos que si los gobiernos no consiguen frenar esa tensión lo que viene después es una profunda recesión y fuerte aumento de las tasas de paro y la deuda pública.

Solo en este contexto se pueden entender las medidas extraordinarias que los gobiernos están tomando para frenar el contagio del virus y para evitar una contracción del crédito. En EEUU, aunque con retraso, Donald Trump ya ha reconocido la gravedad de la situación. Ha anunciado un plan de estímulo fiscal y negocia con el Congreso otro estímulo más contundente para minimizar la recesión que se ha activado. La Reserva Federal ha anunciado que inundará el mercado de liquidez con más de 1 billón de dólares, ha pedido a los bancos que no restrinjan la concesión de crédito en el momento que la economía más lo necesita y ha prometido tolerancia en la supervisión de los bancos.

En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) ya tiene los tipos al 0% y cuenta con un programa de compras de deuda activado. Aún así ayer tomaron medidas contundentes para evitar la contracción de crédito:

  1. Ampliaron su programa de compras hasta 120.000 euros mensuales. Eso ayudará a contener la presión sobre las primas de riesgo, especialmente en países periféricos como Italia y España -que son los más afectados por el virus- y en los mercados de bonos corporativos.
  2.  Anunciaron una subasta extraordinaria de liquidez con colateral de créditos a pymes de los bancos. La banca española ha anunciado que pone a disposición de empresas y familias 100.000 millones de euros en nuevos créditos.Esos créditos a pymes se podrán llevar como garantía al BCE para conseguir el dinero que han prestado. Sin duda, esta es la medida más potente y más eficaz hasta el momento.
  3. Permitirá a los bancos usar sus colchones de capital diseñados para este tipo de crisis. En la práctica es lo mismo que rebajar el capital regulatorio, lo cual será muy efectivo para evitar la restricción de crédito. Cuando un banco concede nuevo crédito necesita consumir parte de su capital para cumplir la regulación. Esta medida permitirá a la banca atender esa nueva demanda de crédito a empresas y familias sin necesidad de ampliar capital.

Por lo tanto, los bancos centrales ya están actuando a la altura del problema y aún tienen más munición disponible si la situación empeora. Donde aún no hemos visto reacción ha sido en la Unión Europea. Todavía no están estudiando el plan de estímulo fiscal y están dejando que sean los países individualmente los que los hagan. Es necesario activar ya un tesoro único europeo que anuncie un plan de estímulo fiscal comunitario, que se financie con eurobonos y los compre el BCE una vez emitidos. Si Italia o algún país tiene problemas para financiar su deuda en los mercados, como sucedió en 2011, entonces la restricción de crédito y la recesión sería más intensa.      

Esperamos que te haya ayudado a comprender mejor las medidas de ayer del BCE y seguiremos informando. Con esa misión creamos esta cátedra. 

José Carlos Díez.

Director de la Cátedra sobre la Realidad Financiera.